2011-06-14

2011 Jun 01 / Atrato: Desaparición de MARCIAL ANGULO

Desaparición de MARCIAL ANGULO luego de embestida de panga rápida en el río Atrato



Fuente informativa: "Comisión Intereclesial de Justicia y Paz”

La RED DE SOLIDARIDAD CON COLOMBIA “CAPICÚA”, compuesta por diversas organizaciones del Estado español cuyos nombres figuran al final del presente escrito, deseamos manifestar que:
Ante la desaparición de MARCIAL ANGULO luego de embestida de panga rápida en el río Atrato, apoyamos y suscribimos totalmente el texto enviado por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz de Colombia, que a continuación transcribimos: 


“Solicitud de intervención inmediata para hallar a MARCIAL ANGULO, desaparecido luego de embestida de panga rápida en el río Atrato.


Debido a la situación accidental o dolosa presentada el pasado miércoles 1 de junio en horas de la noche sobre el río Atrato en el caserío de Bocas de Atrato, estamos solicitando en conformidad con el artículo 23 de la Constitución Nacional y sus obligaciones en materia de reacción inmediata e investigación frente a situaciones accidentales en lo fluvial como la abajo descrita su pronta respuesta.


Fundamentos fácticos


*Miércoles 1 de junio hacia las 8:30 p.m., cuando estaba arribando al caserío de Bocas del Atrato, la embarcación chalupa de la organización de afrodescendientes de Cacarica, CAVIDA, fue embestida por una panga con motores de alta potencia de color blanco y azul.
Con el impacto, una mujer cayó y el conductor de la embarcación comunitaria, MARCIAL ÁNGULO recibió un golpe directo de la panga que lo arrojo a más de 4 metros cayendo a las aguas del río Atrato. La mujer logró ser rescatada y MARCIAL ANGULO permanece desaparecido.


En la embarcación de CAVIDA se transportaban 30 personas y varias toneladas de maíz.


En la panga de acuerdo con testigos, se encontraban 4 personas, dos mujeres y dos hombres, y esta emprendió la huida ignorando el llamado de auxilio de los miembros de CAVIDA.


Hasta la fecha las autoridades no han dado razón de la identificación de los responsables a pesar de la denuncia interpuesta ante la Inspección Fluvial del municipio de Turbo.


La búsqueda adelantada por miembros de la comunidad y el representante del Consejo Mayor de la Cuenca del Cacarica, ha resultado infructuosa.


Jueves 2 de Junio Hacia las 8:40 la oficina de la Vicepresidencia de la República informó que la brigada 17 conoció de la desaparición de MARCIAL en el Atrato, y que unidades militares estaban en Bocas del Atrato. Hasta el momento se desconoce si se realizó acción alguna de búsqueda por parte de la infantería de Marina.


Solicitamos respetuosamente se nos informe y se actúe en conformidad con su responsabilidad para lograr conocer el paradero de MARCIAL ÁNGULO.


1.¿Desde el conocimiento de la situación en que cayó al río Atrato MARCIAL ÁNGULO, qué actuaciones y qué entidades han realizado actuaciones y con qué resultados tendientes a encontrar a este integrante de CAVIDA?.


2.¿Qué actuaciones de rescate van a realizar a partir de este escrito?


3.¿Qué investigaciones tendientes a esclarecer y sancionar las eventuales responsabilidades individuales se han realizado?


4.¿En el registro de Guardacostas qué embarcaciones aparecen saliendo e ingresando a Turbo entre el 1 y 2 de junio de 2011?


5. ¿Todas las pangas fueron registradas? Sí o no? Y por qué?


En espera de su pronta respuesta,


Comisión Intereclesial de Justicia y Paz”


Atentamente,


RED DE SOLIDARIDAD CON COLOMBIA “CAPICÚA”


(Colectivo Sur-Cacarica, Entrepueblos-Madrid, Ecologistas en Acción, Asociación de Solidaridad con Colombia “Katío”, Asociación Guadauca, Comité Oscar Romero de Madrid y Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Mérida y Comarca)

2011 /Javier Giraldo Moreno, Sacerdote Jesuita. Testimonios sobre DH.

http://www.tv3.cat/3alacarta/#/videos/3548371

2011 /Javier Giraldo Moreno, Sacerdote Jesuita. Testimonios sobre DH.

http://www.tv3.cat/videos/3548371/Jesuita-de-Colombia

2011-04-15

Comunidades en resistencia


COLOMBIA : ANA MARÍA LOZANO RIVEROS, DE LA COMISIÓN INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ


Once años conviviendo con las comunidades de resistencia


RICARDO FERRER Espinosa

JUEVES 16 DE ABRIL DE 2009. 

Con su morral al hombro, Ana María Lozano pasa sus días recorriendo comunidades indígenas que, cercanas a la frontera con Panamá, viven acosadas por los actores armados del conflicto colombiano.
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EN MADRID. Junto a dos compañeros de Justicia y Paz, Ana María Lozano acaba de concluir una gira por el Estado español / Foto: 
Sonia Beltrán de Guevara (Asoc-Katio)



Ana María Lozano Riveros es pedagoga y defensora de los derechos humanos en Colombia, un país cafetero, pero con la democracia más descafeinada del mundo. 
Su labor en las comunidades rurales es en extremo difícil: la ‘democracia’ colombiana carece de justicia real, no existe distribución de la riqueza y ninguna autoridad garantiza ni la vida ni la seguridad de los pobladores, sobre todo si se trata de indígenas, campesinos, afrodescendientes o líderes comunitarios.
Para cumplir su tarea, Ana María Lozano convive con las poblaciones que resisten, que afirman sus derechos. Monitorizando el acompañamiento que realizan sus compañeros en 13 regiones de intenso conflicto armado, Lozano frecuenta las zonas humanitarias y las zonas de biodiversidad del Bajo Atrato y el Urabá antioqueño. Esta mujer todoterreno, vinculada a la Comisión de Justicia y Paz desde hace once años, recorre comunidades que se encuentran en la frontera con Panamá con su morral a cuestas.
Las zonas humanitarias se crearon por primera vez en 2001 en Cacarica, territorio afrocolombiano, como mecanismo de autoprotección, para evitar el desplazamiento forzado y la consumación de crímenes, en particular de militares y paramilitares. 
Allí, al lado de sus compañeras y compañeros, que pasan 365 días del año al lado de las familias en estos espacios de protección, cruza territorios que están siendo disputados militarmente entre escuadrones de la muerte del Ejército y la guerrilla, pero que están siendo apropiados por empresarios palmeros, bananeros, ganaderos, extractores forestales y mineros, protegidos militarmente por las fuerzas estatales y paraestatales. Esto ha implicado amenazas y presiones diarias, entre ellas falsas acusaciones judiciales contra ella y contra todos sus compañeros de la organización.
Las comunidades de resistencia en Colombia tienen claro que su lucha es de largo plazo. Buscan una transformación de la realidad en una democracia real, y eso significa la defensa incondicional de los derechos humanos.
Cuatro millones de desplazados [abril de 2009]
Los desplazados en Colombia alcanzan la cifra de cuatro millones según ACNUR, siendo el segundo país del mundo en número de personas desplazadas. Ante esa realidad, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz ha optado por acompañar el regreso de estas comunidades a los territorios y desarrollar junto con ellas todos sus potenciales para sobrevivir con dignidad en medio del conflicto armado, protegiendo los territorios ante la voracidad y barbarie empresarial, que no duda en usar las armas y un derecho tergiversado para legalizar el despojo.
Datos recientes confirman que en los últimos doce años Colombia ha parido 30.000 desaparecidos. Algunos son de estas tierras donde hoy, quienes transitan en la memoria de tantas vidas humanas segadas proyectan microdemocracias locales, modelos de economía sostenible, modos de dignificación ante la imposibilidad de una democracia que respete los derechos humanos. 
Los habitantes resistentes se han dotado de unas normas de convivencia y han firmado compromisos colectivos entre los que destaca la negativa a participar en la guerra: no dan apoyo a ningún actor armado, pero afirman su derecho a la justicia. Las empresas mineras quieren explotar las riquezas del subsuelo, simulando una consulta a los habitantes que ocupan ancestralmente el territorio de manera legítima y colectiva, con la aceptación de las autoridades de Colombia, que validan el mecanismo fraudulento como verdadero. A esa pretensión, afrocolombianos e indígenas de Curvarado y Murindo se oponen a través de actos democráticos, participativos y populares.
La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz acompaña procesos de resistencia similares en diferentes poblaciones de los departamentos El Meta, Putumayo y Cauca, en pleno corazón del Plan Colombia en su fase II, y en El Valle. Allí continúan observando y denunciando lo que se quiere negar, la existencia del paramilitarismo, los intereses del capital que destruye la vida de miles de seres humanos y ecosistemas. Allí está la vida cotidiana de Ana María Lozano. Acompañando la dignificación de los pueblos. 
Allí se encuentra su opción personal y la de su organización, que mantiene la lucha por los derechos humanos.