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2011-08-21

Ayuda de E.U. se usó para espiar en Colombia, según The Washington Post


http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/A/ayuda_de_eu_se_uso_para_espiar_en_colombia_segun_the_washington_post/ayuda_de_eu_se_uso_para_espiar_en_colombia_segun_the_washington_post.asp

 

Ayuda de E.U. se usó para espiar en Colombia, según The Washington Post

Efe | Washington, Estados Unidos | Publicado el 21 de agosto de 2011
La ayuda que Estados Unidos ha dado durante una década a Colombia para el combate contra las bandas de la droga y las guerrillas se ha usado para espiar y difamar a jueces y grupos opositores, según un artículo que publica este domingo el diario The Washington Post.
El artículo de primera página, y que cita como fuente de sus informaciones a documentos policiales obtenidos por el Post y fiscales y ex funcionarios de los servicios de inteligencia colombianos, sostiene que "las revelaciones implican la ayuda de Esatdos Unidos en atroces abusos de poder y acciones ilegales".
Según el Post esas acciones las ha llevado a cabo el gobierno colombiano "bajo el disfraz de la lucha contra el terrorismo y el contrabando de drogas".
"El dinero los equipos y la instrucción estadounidenses dados a unidades de élite de los servicios de inteligencia colombianos, se usaron para llevar a cabo operaciones de espionaje y campañas de difamación", añadió.
Según el diario las revelaciones forman parte de una investigación cada vez más amplia del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) por parte de la Procuraduría General de Colombia.
"Seis ex funcionarios de alto rango en el servicio de inteligencia han confesado crímenes, y más de una docena de otros agentes están bajo juicio", añadió.
Según el Post, los funcionarios estadounidenses niegan que hubieran sabido o que hayan estado involucrados en acciones ilegales cometidas por el DAS.

2011-06-25

2011 JUNIO 21 / COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSE DE APARTADÓ

Que siga quedando memoria
del horror y del descaro

No podemos negar que, como cualquier ser humano, sentimos impotencia e indignación al registrar, semana tras semana, los hechos de muerte y los proyectos de exterminio que se afirman contra nuestra Comunidad de Paz, sin que nuestros justos clamores sean escuchados por ninguna autoridad, a pesar de que los paramilitares demuestran, cada vez con mayor audacia y descaro, que tienen el poder y que son respaldados y protegidos por todas las instituciones del Estado, unas coordinando con ellos las acciones más criminales; otras volviendo la cara para otro lado para no darse por enteradas de lo que ocurre.

Seguimos creyendo que lo mínimo que podemos hacer es  dejar constancia de toda esta barbarie, pues la humanidad no soporta por siempre lo que la destruye y llega a momentos de indignación universal en que enjuicia a quienes la hacen avergonzar de sí misma, construyendo instrumentos de justicia universal. Toda esta barbarie rompe el corazón y desgarra el alma de cualquiera que se identifique con la más elemental ética de la Vida.
Hoy registramos ante el país y el mundo estos nuevos horrores:
  • El jueves 16 de junio de 2011, hacia las 13:00 horas, en el sitio conocido como La Platanera, sobre la vía que de Apartadó conduce a San José, fue detenido por dos hombres armados que se identificaron como paramilitares el vehículo de servicio público que bajaba de San José a Apartadó y obligaron a descender del mismo a JORGE PESTANA BELLO y a JAVIER TORRES. Luego los hicieron entrar a la platanera y allí asesinaron a JORGE, a 100 metros del retén de la Policía. Luego subieron a JAVIER en un carro y lo llevaron a una vivienda rural en el municipio de Carepa, pasando por retenes del Ejército y de la Policía sin ser inspeccionados. En esa casa lo desnudaron y lo sometieron a diversas formas de tortura mientras lo interrogaban. Le preguntaban por un hermano suyo y por otras personas  a quienes tenían en una lista para matar. Permaneció desnudo y bajo torturas desde el 16 hasta el 19 de junio, cuando lo dejaron libre hacia las 15:00 horas, advirtiéndole que si abría la boca para denunciar lo ocurrido, lo matarían a él y a su familia. 

  • El domingo 19, hacia las 11:00 horas, un paramilitar en moto y armado llegó a la vereda Caracolí, donde hay un retén del Ejército, buscó a la familia de Javier y les comunicó que ellos, los paramilitares, tenían en su poder a Javier y para que le creyeran, los comunicó con él por celular, pues aún se hallaba en su poder. Les dijo que para salvar a Javier debían revelar el paradero de otras personas  que necesitaban; que, además, debían comunicarle a las personas que están en las listas de gente para asesinar, listas que ellos han leído públicamente en las últimas semanas, que pronto van a correr la misma suerte de Jorge Pestana, y que no los van a matar en Caracolí  con el fin de no involucrar al Ejército, sino en otros lugares. Luego el paramilitar se fue en su moto sin ser requisado en ningún puesto de control del Ejército ni de la Policía.

  • El lunes 20 de junio de 2011, hacia las 10:00 horas, tropas del Ejército ingresaron al asentamiento de la Comunidad de Paz en la vereda de La Resbalosa. Le dijeron a ABELARDO BERRÍO que tenía que venderles lo que ellos dijeran y colaborarles en lo que ellos pidieran; de lo contrario tendría que abandonar el territorio, pues lo iban a detener como “sospechoso por estar en esa vereda”. Abelardo les respondió que los miembros de la Comunidad de Paz no pueden colaborar con ningún actor armado y que esa vereda es su vereda y allí está su vivienda y por lo tanto él tiene que estar allí, como integrante de la Comunidad de Paz que es. Los militares le dijeron entonces que no podía denunciar lo ocurrido. Luego le robaron varias gallinas.
Estos hechos revelan la impotencia ante los poderes de muerte incrustados profundamente en el Estado y muestra cómo los victimarios actúan a sus anchas, no obstante todos nuestros clamores ante el Presidente Santos, ante los órganos de justicia, ante la Defensoría del Pueblo. Todos se han vuelto “ciegos” y “sordos” ante la barbarie que nos destruye. La fuerza moral de mucha gente en el mundo que nos acompaña con la solidaridad inquebrantable de su espíritu, nos anima a seguir haciendo de nuestros principios, sostenidos entre baños de sangre, una brizna de esperanza en una humanidad con dignidad.
COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSE DE APARTADÓ
JUNIO 21 DE 2011

2011-04-15

Comunidades en resistencia


COLOMBIA : ANA MARÍA LOZANO RIVEROS, DE LA COMISIÓN INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ


Once años conviviendo con las comunidades de resistencia


RICARDO FERRER Espinosa

JUEVES 16 DE ABRIL DE 2009. 

Con su morral al hombro, Ana María Lozano pasa sus días recorriendo comunidades indígenas que, cercanas a la frontera con Panamá, viven acosadas por los actores armados del conflicto colombiano.
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EN MADRID. Junto a dos compañeros de Justicia y Paz, Ana María Lozano acaba de concluir una gira por el Estado español / Foto: 
Sonia Beltrán de Guevara (Asoc-Katio)



Ana María Lozano Riveros es pedagoga y defensora de los derechos humanos en Colombia, un país cafetero, pero con la democracia más descafeinada del mundo. 
Su labor en las comunidades rurales es en extremo difícil: la ‘democracia’ colombiana carece de justicia real, no existe distribución de la riqueza y ninguna autoridad garantiza ni la vida ni la seguridad de los pobladores, sobre todo si se trata de indígenas, campesinos, afrodescendientes o líderes comunitarios.
Para cumplir su tarea, Ana María Lozano convive con las poblaciones que resisten, que afirman sus derechos. Monitorizando el acompañamiento que realizan sus compañeros en 13 regiones de intenso conflicto armado, Lozano frecuenta las zonas humanitarias y las zonas de biodiversidad del Bajo Atrato y el Urabá antioqueño. Esta mujer todoterreno, vinculada a la Comisión de Justicia y Paz desde hace once años, recorre comunidades que se encuentran en la frontera con Panamá con su morral a cuestas.
Las zonas humanitarias se crearon por primera vez en 2001 en Cacarica, territorio afrocolombiano, como mecanismo de autoprotección, para evitar el desplazamiento forzado y la consumación de crímenes, en particular de militares y paramilitares. 
Allí, al lado de sus compañeras y compañeros, que pasan 365 días del año al lado de las familias en estos espacios de protección, cruza territorios que están siendo disputados militarmente entre escuadrones de la muerte del Ejército y la guerrilla, pero que están siendo apropiados por empresarios palmeros, bananeros, ganaderos, extractores forestales y mineros, protegidos militarmente por las fuerzas estatales y paraestatales. Esto ha implicado amenazas y presiones diarias, entre ellas falsas acusaciones judiciales contra ella y contra todos sus compañeros de la organización.
Las comunidades de resistencia en Colombia tienen claro que su lucha es de largo plazo. Buscan una transformación de la realidad en una democracia real, y eso significa la defensa incondicional de los derechos humanos.
Cuatro millones de desplazados [abril de 2009]
Los desplazados en Colombia alcanzan la cifra de cuatro millones según ACNUR, siendo el segundo país del mundo en número de personas desplazadas. Ante esa realidad, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz ha optado por acompañar el regreso de estas comunidades a los territorios y desarrollar junto con ellas todos sus potenciales para sobrevivir con dignidad en medio del conflicto armado, protegiendo los territorios ante la voracidad y barbarie empresarial, que no duda en usar las armas y un derecho tergiversado para legalizar el despojo.
Datos recientes confirman que en los últimos doce años Colombia ha parido 30.000 desaparecidos. Algunos son de estas tierras donde hoy, quienes transitan en la memoria de tantas vidas humanas segadas proyectan microdemocracias locales, modelos de economía sostenible, modos de dignificación ante la imposibilidad de una democracia que respete los derechos humanos. 
Los habitantes resistentes se han dotado de unas normas de convivencia y han firmado compromisos colectivos entre los que destaca la negativa a participar en la guerra: no dan apoyo a ningún actor armado, pero afirman su derecho a la justicia. Las empresas mineras quieren explotar las riquezas del subsuelo, simulando una consulta a los habitantes que ocupan ancestralmente el territorio de manera legítima y colectiva, con la aceptación de las autoridades de Colombia, que validan el mecanismo fraudulento como verdadero. A esa pretensión, afrocolombianos e indígenas de Curvarado y Murindo se oponen a través de actos democráticos, participativos y populares.
La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz acompaña procesos de resistencia similares en diferentes poblaciones de los departamentos El Meta, Putumayo y Cauca, en pleno corazón del Plan Colombia en su fase II, y en El Valle. Allí continúan observando y denunciando lo que se quiere negar, la existencia del paramilitarismo, los intereses del capital que destruye la vida de miles de seres humanos y ecosistemas. Allí está la vida cotidiana de Ana María Lozano. Acompañando la dignificación de los pueblos. 
Allí se encuentra su opción personal y la de su organización, que mantiene la lucha por los derechos humanos.

2011-03-27

2011 Mar / Capturado Wilson Chaverra: otro cómplice de Uribe.


Marzo de 2011

Capturado Wilson Chaverra: otro cómplice de Uribe.


 Se le procesará por narcotráfico, pero se omite que fue uno de los mandos de los escuadrones de la muerte durante las masacres del río Atrato y Urabá, en el año 1997.

Su extradición a los Estados Unidos, otro paso más para encubrir los crímenes de Álvaro Uribe Vélez.

 Datos para análisis:

- - - - - - - - - - - - - Ficha de la información relacionada - - - - - - - - - - - - -

Autores: Redacción de Verdad Abierta (resumen de agencias), Policía Antinarcóticos, DEA...

Medios: Verdad Abierta, El universal, cm&, 

Fuentes:

Ø       Policía Antinarcóticos de Colombia.

Ø       DEA. 

Ø       Corte Federal del Distrito Sur de La Florida, en Estados Unidos.

Ø       Confesión de William Manuel Soto Salcedo, alias ‘don Rafa’, ex paramilitar del Bloque Elmer Cárdenas.   

Ø       Confesión de Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, ex comandante del Bloque Elmer Cárdenas.

Ø       Informe de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos  en el año 2002. 

Ø       Denuncia número 18.690, del 13 de junio de 1997, presentada ante la fiscal Cristina Bustos Gómez, en Medellín, Colombia.    

Ø       Libro "Nos matan y no es noticia"  (Cambalache. Oviedo, 2010),Páginas 48 a 53.


Enlaces de prensa:                            :
Verdad Abierta: Ver el enlace o la noticia completa al final de este texto.

- El Universal:


Enlaces del libro:




- Noticiero CM&
http://www.cmi.com.co/?nt=60519 Este enlace contiene vídeo de los detenidos.

Título:  Ex alcalde de Vigía del Fuerte, de paramilitar a ‘extraditable’.

Fecha de publicación: 2011/3/25

Materia: Derechos Humanos, Colombia,

Colección / Serie : Dossier Atrato.

Zona geográfica: Colombia, Antioquia, Chocó, río Atrato,

Fecha de los hechos: 1996 – 2011.

Entidades y personas mencionadas:
Wilson Antonio Chaverra González, [ex alcalde del municipio de Vigía del Fuerte].

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 Se confirman los datos centrales del libro "Nos matan y no es noticia", pero...  

Wilson Chaverra será juzgado por narcotráfico,
no por sus crímenes de Lesa Humanidad.

Por: Ricardo Ferrer Espinosa

La justicia colombiana centra la acusación contra Wilson Chaverra en los delitos relacionados con el narcotráfico. Es necesario recordar a los jueces y fiscales, que desde 1996, siendo alcalde de Vigía del Fuerte, Chaverra patrocinó la agresión de los escuadrones de la muerte contra la población civil en la zona del medio Atrato.

Lo que podemos ratificar los testigos, fue la estrecha relación que Chaverra mantuvo con Álvaro Uribe Vélez, especialmente durante las masacres en Antioquia y Chocó, de las cuales documenté una parte de las cometidas en el año 1997. 

Con datos ordenados en la mano, presenté la denuncia ante la fiscal Cristina Bustos Gómez, en Medellín. A la denuncia  se le asignó el radicado número 18.690, del 13 de junio de 1997.

Han pasado 14 años y no existe sanción para los agresores de campesinos, indígenas y afrodescendientes.  Esta impunidad fue señalada públicamente por la ONU, el 23 de marzo de 2011.


Luego de presentar la denuncia, debí salir de Colombia, por amenazas. He cumplido ya 13 años de exilio.

Por contraste, Uribe Vélez, gracias a la inexistencia de la justicia en Colombia, pudo llegar a la presidencia.

Igualmente, en el caso de Wilson Chaverra, ¡hasta esta semana nunca había sido judicializado !

Hoy, 26 de marzo de 2011, ratifico todo lo denunciado en 1997:
“Si mi denuncia hubiera tenido curso adecuado, debieran haber respondido, por acción u omisión, el presidente Ernesto Samper, los comandantes de las Brigadas del Ejército con jurisdicción sobre el río Atrato, los gobernadores de Antioquia y Chocó, los comandantes de policía de Antioquia y El Chocó, los alcaldes de Vigía del Fuerte y Murindó, los personeros y las autoridades con responsabilidad de velar por los derechos de la población civil. En síntesis, debía responder el Estado colombiano. Los gobiernos posteriores de Andrés Pastrana Arango y Álvaro Uribe Vélez continuaron la omisión criminal en el deber de proteger a la población civil del río Atrato”.

Como periodista, testigo y sobreviviente, me ratifico públicamente en la denuncia contra el Ejército de Colombia y las Autodefensas Unidas de Colombia.

Es necesario descubrir todos los hechos y cuantificar el daño que hicieron Wilson Chaverra y Álvaro Uribe contra la población civil de Antioquia y Chocó.

Pese a todas las evidencias en contra de Wilson Chaverra, (antes de ser capturado por narcotráfico), el paramilitar estaba haciendo campaña para la Alcaldía de Vigía del Fuerte, en las próximas elecciones de octubre de 2011.
Esa es la situación de la "justicia" colombiana. 

La confesión reciente de los mando paramilitares confirma algo que ya relaté en el libro* (hechos del 30 de mayo de 1997), que el alcalde Wilson Chaverra fue quién envió al sicario a intimidarme. y sobre todo a preguntarme por qué estaba allí, en Vigía del Fuerte, si desde la gobernación de Antioquia o la Dirección Seccional de Salud no les habían avisado de mi llegada al municipio. En 1997, el gobernador de Antioquia era Álvaro Uribe Vélez.

* "Nos matan y no es noticia"  (Cambalache. Oviedo, 2010), Páginas 48 a 53.

Anexo: La primera denuncia, que presenté con firma y número de radicado.




Ver enlaces del blog y archivo jpg. 


Posteriormente, con más datos, me ratifiqué en toda la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, el 3 de julio de 1997. 



Ver enlaces del blog y archivo jpg. 

21 de julio de 1997. Ratifiqué y amplié mi declaración ante la Dirección Regional de Fiscalía en Medellín.33  En esta nueva diligencia observé que la fiscal no había leído el expediente inicial ni estaba al tanto del tema. Hubo especial dificultad para intentar la descripción del hombre que me había amenazado en el hotel de Vigía del Fuerte. Aún cuando estaba dispuesto a colaborar para levantar un retrato hablado del sicario, esta diligencia no se hizo. Quedaron puntos pendientes, pero esa unidad de la Fiscalía nunca me volvió a llamar.

Página 33:  
La Fiscalía General de la Nación clasificó mi nueva declaración con el número de radicado 23.675.
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Oficina en Colombia del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos


Informe de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre su Misión de Observación en el Medio Atrato
20 de Mayo de 2002: 


Testimonio de la Diócesis de Quibdó
Los paramilitares se establecieron en los cascos urbanos,14 en donde requisaron y amenazaron a la población, mientras las FARC-EP permanecieron en el área rural15. La población de Bellavista solicitó a los paramilitares que se retiraran del casco urbano, como en su momento lo hicieran con la guerrilla, con el objetivo de mantener a la población civil alejada del conflicto...


Entre los días 21 y 30 de abril arribaron a Vigía del Fuerte varias avionetas, una de ellas identificada con la sigla AUC. En ellas se movilizaban integrantes y jefes del grupo paramilitar, algunos de los cuales fueron reconocidos por la población local debido a su presencia en el municipio en años anteriores, como el señor Wilson Chaverra, ex Alcalde de Vigía del Fuerte (1995-1997), el comandante paramilitar de Quibdó alias “el brujo” y el comandante de las ACCU y miembro del estado mayor de las AUC, alias “el alemán”.

Recapitulando:
La entrega en extradición de Wilson Chaverra será otro hecho más en la impunidad que caracteriza a la justicia colombiana.  Coincido plenamente con la opinión dada por abogados a los redactores de Verdad Abierta:
“Vuelve y juega el mismo concepto: las autoridades colombianas privilegian la extradición para que responda por cargos de narcotráfico, cuando aquí en el país debería responder primero por delitos de lesa humanidad”, conceptuó uno de los juristas consultados”. 
Ricardo Ferrer Espinosa.
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Esta es la noticia en la web Verdad Abierta:



Noticias
Jueves, 24 de Marzo de 2011 23:51
Ex paramilitares postulados a los beneficios de Justicia y Paz relacionaron al exfuncionario con el Bloque Élmer Cárdenas. No obstante, no fue vinculado a proceso penal alguno y estaba preparando su campaña las elecciones de octubre próximo. 
Wilson Antonio Chaverra González, ex alcalde del municipio de Vigía del Fuerte capturado durante una redada realizada por la Policía Antinarcóticos y la DEA, pasó de ser un jefe paramilitar en la década de los noventa a un narcotraficante con fines de extradición.
La detención del ex funcionario, quien ocupó ese cargo entre los años 1995 y 1997, se produjo durante una operación antinarcóticos llamada Alianza 18, realizada en las ciudades de Bogotá, Bucaramanga y Cartagena entre la noche del pasado miércoles y el amanecer del jueves, con el fin de desvertebrar una organización que se había constituido para exportar cocaína a los mercados de Estados Unidos.
Junto al exalcalde Chaverra González fueron capturados su esposa Margarita López Mora, así como Álvaro Enrique Murillo Martínez, alias ‘Compadre’, y Máximo Ramírez Valdés. Los cuatro detenidos son solicitados por una Corte Federal del Distrito Sur de La Florida, en Estados Unidos. 
Las autoridades determinaron que este grupo le compraba la droga a Maximiliano Bonilla Orozco, alias ‘Valenciano’, al parecer el líder de la banda criminal emergente conocida como ‘Los Paisas’, y la camuflaba en embarques de ganado y madera.
El ex alcalde Chaverra González fue señalado por oficiales de la Policía Antinarcóticos como el jefe de la organización de narcotraficantes y estaba al frente de la administración de los contactos internacionales en Honduras y Estados Unidos para la recepción del alucinógeno.
Pero este ex funcionario no sólo era un narcotraficante. Sus actividades del pasado lo vinculan con grupos paramilitares que operaron en el Atrato medio antioqueño y su nombre no ha pasado desapercibido. Varios postulados que integraron el Bloque Élmer Cárdenas de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) y que actualmente están rindiendo versión libre ante fiscales de la Unidad de Justicia y Paz lo han descrito como un miembro más de esa estructura paramilitar no sólo cuando se desempeñó como alcalde de esa población del Atrato medio antioqueño, sino tiempo después, como ex alcalde.
Uno de los primeros en hacer alusión al ex mandatario local fue William Manuel Soto Salcedo, alias ‘don Rafa’, ex paramilitar del Bloque Élmer Cárdenas, quien tuvo a su cargo un grupo de 30 hombres apostados en los alrededores de Vigía del Fuerte en 1997.
Según Soto Salcedo, estando en esa localidad se le acercó el alcalde Chaverra González y le dijo: “comandante, yo quiero que lo que ustedes necesiten mándemelo a decir por intermedio de los muchachos que están en el casco urbano”. Ante la sorpresa del paramilitar por la complacencia del mandatario local, el funcionario agregó: “Yo soy el directamente responsable de que en Vigía del Fuerte haya un grupo de 30 hombres”.
Este ex paramilitar narró que en una ocasión fue enviado por su comandante superior a la ciudad de Medellín con el fin de adquirir víveres para las tropas paramilitares acantonadas en Vigía del Fuerte. Antes de salir de esta localidad hacia la capital antioqueña le explicaron que tenía que ir a la Central Mayorista de Antioquia, que ahí se encontraría con gente de confianza del Bloque Élmer Cárdenas: “Nos encontramos en la Mayorista. Al verlos, vi que eran Wilson Chaverra, ex alcalde del Vigía del Fuerte, y su hermano Wilton”.
Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, ex comandante del Bloque Élmer Cárdenas, también ha hecho referencia al ex funcionario ante los fiscales de la Unidad de Justicia y Paz. Según este ex paramilitar, “el alcalde de Vigía del Fuerte, el señor Wilson Chaverra, era nuestra alma financiera en esta zona del Atrato”. El apoyo lo daba unas veces en recursos y otras veces en especie para las tropas. “Se dio ese apoyo entre dos años a dos años y medio que estuvimos en la zona”.
Pero no sólo ex paramilitares han señalado en sus versiones libres a este ex alcalde. También lo hizo la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el año 2002. 
El nombre de Wilson Chaverra González aparece en un informe fechado el 20 de mayo de ese año, que da cuenta de una misión de observación al Atrato Medio luego de ocurrida la masacre de Bojayá, Chocó, donde murieron por lo menos 119 personas, entre hombres, mujeres, niños y ancianos, dentro de una iglesia tras caer allí una pipeta lanzada por la guerrilla de las FARC durante un cruento enfrentamiento con paramilitares de las AUC.
El documento, que recoge información de los pobladores de esta subregión de Antioquia, destaca que “entre los días 21 y 30 de abril (de 2002) arribaron a Vigía del Fuerte varias avionetas, una de ellas identificada con la sigla AUC. En ellas se movilizaban integrantes y jefes del grupo paramilitar, algunos de los cuales fueron reconocidos por la población local debido a su presencia en ese municipio en años anteriores, como el señor Wilson Chaverra, ex alcalde de Vigía del Fuerte”.
Abogados que pidieron la reserva del nombre llamaron la atención sobre la situación de Chaverra González, pues según ellos se evidencian algunas inconsistencias por parte de la justicia para procesarlo por delitos relacionados con grupos paramilitares.
“De un lado, no fue requerido por sus nexos con el Bloque Élmer Cárdenas; de otro, y pese a los señalamientos, tampoco se entiende cómo estaba haciendo campaña electoral para la Alcaldía de Vigía del Fuerte e iba a participar en las próximas elecciones de octubre”, describió uno de los juristas que conoce el caso.

Datos recopilados de manera parcial por organizaciones defensoras de derechos humanos en Medellín establecen que 
por los menos 50 personas fueron desaparecidas de manera forzada por comandos de las ACCU en 1997 en Vigía del Fuerte desde el 22 de mayo de ese año, cuando arribó un comando de por lo menos 100 paramilitares a esa localidad y anunciaron que a partir de ese día quedaban bajo su control. El día de su llegada, asesinaron a por lo menos 22 personas y desaparecieron a 17 labriegos y a un educador.
Otro abogado advirtió que con la orden de extradición que hay en contra del ex funcionario, se repite nuevamente lo vivido en mayo del 2008, cuando fueron extraditados a Estados Unidos, por orden del entonces Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, 14 jefes de las AUC para que respondieran por delitos asociados al tráfico de drogas.
“Vuelve y juega el mismo concepto: las autoridades colombianas privilegian la extradición para que responda por cargos de narcotráfico, cuando aquí en el país debería responder primero por delitos de lesa humanidad”, conceptuó uno de los juristas consultados. 
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Denuncias adicionales:



Emisora: Radioaktiva Beniarrés, Alicante. 

Radio Vallekas

Entrevista en la web rebelión:  "Colombia, la vena más abierta de América Latina"