Más de 300 fusiles con destino a los paramilitares ingresaron a
Curvaradó en un camión que atravesó por el caserío de Pavarandó donde se
encuentra un retén policial. De acuerdo con la información recibida con
este armamento se pretende reforzar las operaciones de control
territorial con la dotación a jóvenes que vienen siendo reclutados en
diversos municipios del eje bananero.
Los paramilitares desde abril pasado ingresaron a Jiguamiandó en cuyos
limite vienen implementando la siembra de coca e instalaron laboratorios
de cocaína, que ha salido en medio de 4 retenes policiales y militares.
Un número aproximado de 300 paramilitares se movilizan desde esa fecha
entre Pavarandó , Belén de Bajirá y Curvaradó y otros 200 se mantienen
en Jiguamiandó
En esta misma estrategia de control han amenazado de muerte en Llano
Rico a jóvenes que consumen algún tipo de droga y han militarizado entre
Pavarandó (Resguardo Indígena) y Apartadocito (Territorio Colectivo)
donde también se han sembrado decenas de hectáreas con coca por parte de
los paramilitares
Igualmente en el territorio comunitario de Camelias, en Curvaradó,
continúa la ocupación ilegal de predios en los que se instaló una Zona
de Biodiversidad, los invasores destruyeron siembras de pan coger.
Continúa la operación paramilitar en los territorios colectivos de
Jiguamiandó y Curvaradó, sin que se hayan adoptado medidas eficaces de
prevención de daños irreparables a la población afromestizas e indígena.
Bogotá, D.C. Octubre 26 de 2011
COMISIÓN INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ
Imágenes y enlaces del libro "Nos matan y no es noticia". Cambalache, Oviedo, 2010. Ricardo Ferrer Espinosa, periodista Informo a los lectores que uso cookies en mi blog.
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2011-10-29
2011-08-21
Ayuda de E.U. se usó para espiar en Colombia, según The Washington Post
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/A/ayuda_de_eu_se_uso_para_espiar_en_colombia_segun_the_washington_post/ayuda_de_eu_se_uso_para_espiar_en_colombia_segun_the_washington_post.asp
Ayuda de E.U. se usó para espiar en Colombia, según The Washington Post
La ayuda que Estados Unidos ha dado durante una década a Colombia para el combate contra las bandas de la droga y las guerrillas se ha usado para espiar y difamar a jueces y grupos opositores, según un artículo que publica este domingo el diario The Washington Post.
El artículo de primera página, y que cita como fuente de sus informaciones a documentos policiales obtenidos por el Post y fiscales y ex funcionarios de los servicios de inteligencia colombianos, sostiene que "las revelaciones implican la ayuda de Esatdos Unidos en atroces abusos de poder y acciones ilegales".
Según el Post esas acciones las ha llevado a cabo el gobierno colombiano "bajo el disfraz de la lucha contra el terrorismo y el contrabando de drogas".
"El dinero los equipos y la instrucción estadounidenses dados a unidades de élite de los servicios de inteligencia colombianos, se usaron para llevar a cabo operaciones de espionaje y campañas de difamación", añadió.
Según el diario las revelaciones forman parte de una investigación cada vez más amplia del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) por parte de la Procuraduría General de Colombia.
"Seis ex funcionarios de alto rango en el servicio de inteligencia han confesado crímenes, y más de una docena de otros agentes están bajo juicio", añadió.
Según el Post, los funcionarios estadounidenses niegan que hubieran sabido o que hayan estado involucrados en acciones ilegales cometidas por el DAS.
2011-08-05
3 de abril de 2000. Muerta fiscal en Medellin
Muerta fiscal en Medellin
M E D E L L I N
Lunes 3, [Abril de 2000] 12:15 horas. Esta mañana la fiscal Margarita María Pulgarín Trujillo se dirigía a su trabajo en el centro de la ciudad, cuando dos hombres en una moto le propinaron cuatro disparos que le produjeron la muerte.
Lunes 3, 12:15 horas. Esta mañana la fiscal Margarita María Pulgarín Trujillo se dirigía a su trabajo en el centro de la ciudad, cuando dos hombres en una moto le propinaron cuatro disparos que le produjeron la muerte. Su deceso se produjo en la calle 37 E No. 95 B 20, en el Barrio Santa Mónica, cerca a su casa cuando esperaba el transporte que debía recogerla.
La fiscal especializada tenía 34 años, era soltera e hija de Jaime Pulgarín y Olidia Trujillo. Aún no se conocen las causas de su homicidio
Entre tanto unidades antiexplosivos de la policía desactivaban una carga explosiva abandonada en una caja con jugos de azúcar, en una de las entradas del terminal de buses intermuinicipales del sur de la capital antioqueña.
Entre tanto unidades antiexplosivos de la policía desactivaban una carga explosiva abandonada en una caja con jugos de azúcar, en una de las entradas del terminal de buses intermuinicipales del sur de la capital antioqueña.
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Fiscalia condena asesinato de Margarita Pulgarín
Caracol | Abril 3 de 2000BOGOTA --- .El fiscal general de la Nación Alfonso Gómez Mendez condenó hoy energicamente el asesinato de la fiscal especializada Margarita María Pulgarín Trujillo ocurrido en Medellín.
Manifiesta el fiscal que la muerte de la funcionaria constituye una nueva expresión del crimein organizado que mediante esas acciones pretende, inutilmente amedrehentar a los servidores de la institución e indicó que no lograrán detener el proposito claro de la fiscalia de combatir todas las formas de delito.
Se estableció que la fiscal especializada asesinada adelantaba varias investigaciones por paramilitarismo.
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Antioquia se niega a creer que regresaron los sicarios
Caracol | Abril 3 de 2000
MEDELLÍN. ---- Estupor y repudió generalizado causó en diversos estamentos antioqueños el crimen de la joven fiscal, Margarita María Pulgarín Trujillo, cometido esta mañana por dos sicarios desde una motocicleta, cuando la jurista salía de su residencia, en el barrio Santa Mónica Número dos, occidente de Medellín.-
Las autoridades judiciales y de policía advirtieron que por el momento los investigadores carecen de pistas firmes sobre las causas y los asesinos de la abogada de 34 años, que trabaja desde hacía ocho años en la fiscalía de Medellín, y pertenecía a la Unidad de Terrorismo donde adelantaba procesos e investigaciones por narcotráfico y paramilitarismo.-
La fiscal Pulgarín Trujillo recibió cuatro impactos de revólver en que le provocaron su deceso cuando era trasladada a la Unidad Intermedia de San Javier, cerca al lugar de los hechos.-
Según sus familiares, la fiscal no había recibido amenazas contra su vida, y sus colegas Fiscales delegados ante los Jueces Penales de los circuitos de Medellín y Antioquia advirtieron que esta nueva muerte es una consecuencia de la eliminación de la Justicia sin Rostro.- Desde cuando fue levantada esa modalidad de justicia "hemos tenido que ser testigos y víctimas de la muerte de dos compañeros, el exilio forzado de siete, el retiro definitivo --también forzado de otros, y la muerte de cuatro fiscales Seccionales y 16 miembros del Cuerpo Técnico de Investigaciones, CTI", dijeron los fiscales.-
///
La fiscal Margarita María Pulgarín Trujillo investigaba entre otras, las masacres del río Atrato, relacionadas en el libro "Nos matan y no es noticia"
2011-07-02
2011 / Base de datos de Brasil, útil para contrastar la realidad de Colombia.
2011 / Base de datos de Brasil, útil para contrastar la realidad de Colombia.
2011-06-25
2011 JUNIO 21 / COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSE DE APARTADÓ
Que siga quedando memoria
del horror y del descaro
No podemos negar que, como cualquier ser humano, sentimos impotencia e indignación al registrar, semana tras semana, los hechos de muerte y los proyectos de exterminio que se afirman contra nuestra Comunidad de Paz, sin que nuestros justos clamores sean escuchados por ninguna autoridad, a pesar de que los paramilitares demuestran, cada vez con mayor audacia y descaro, que tienen el poder y que son respaldados y protegidos por todas las instituciones del Estado, unas coordinando con ellos las acciones más criminales; otras volviendo la cara para otro lado para no darse por enteradas de lo que ocurre.
Seguimos creyendo que lo mínimo que podemos hacer es dejar constancia de toda esta barbarie, pues la humanidad no soporta por siempre lo que la destruye y llega a momentos de indignación universal en que enjuicia a quienes la hacen avergonzar de sí misma, construyendo instrumentos de justicia universal. Toda esta barbarie rompe el corazón y desgarra el alma de cualquiera que se identifique con la más elemental ética de la Vida.
Hoy registramos ante el país y el mundo estos nuevos horrores:
- El jueves 16 de junio de 2011, hacia las 13:00 horas, en el sitio conocido como La Platanera, sobre la vía que de Apartadó conduce a San José, fue detenido por dos hombres armados que se identificaron como paramilitares el vehículo de servicio público que bajaba de San José a Apartadó y obligaron a descender del mismo a JORGE PESTANA BELLO y a JAVIER TORRES. Luego los hicieron entrar a la platanera y allí asesinaron a JORGE, a 100 metros del retén de la Policía. Luego subieron a JAVIER en un carro y lo llevaron a una vivienda rural en el municipio de Carepa, pasando por retenes del Ejército y de la Policía sin ser inspeccionados. En esa casa lo desnudaron y lo sometieron a diversas formas de tortura mientras lo interrogaban. Le preguntaban por un hermano suyo y por otras personas a quienes tenían en una lista para matar. Permaneció desnudo y bajo torturas desde el 16 hasta el 19 de junio, cuando lo dejaron libre hacia las 15:00 horas, advirtiéndole que si abría la boca para denunciar lo ocurrido, lo matarían a él y a su familia.
- El domingo 19, hacia las 11:00 horas, un paramilitar en moto y armado llegó a la vereda Caracolí, donde hay un retén del Ejército, buscó a la familia de Javier y les comunicó que ellos, los paramilitares, tenían en su poder a Javier y para que le creyeran, los comunicó con él por celular, pues aún se hallaba en su poder. Les dijo que para salvar a Javier debían revelar el paradero de otras personas que necesitaban; que, además, debían comunicarle a las personas que están en las listas de gente para asesinar, listas que ellos han leído públicamente en las últimas semanas, que pronto van a correr la misma suerte de Jorge Pestana, y que no los van a matar en Caracolí con el fin de no involucrar al Ejército, sino en otros lugares. Luego el paramilitar se fue en su moto sin ser requisado en ningún puesto de control del Ejército ni de la Policía.
- El lunes 20 de junio de 2011, hacia las 10:00 horas, tropas del Ejército ingresaron al asentamiento de la Comunidad de Paz en la vereda de La Resbalosa. Le dijeron a ABELARDO BERRÍO que tenía que venderles lo que ellos dijeran y colaborarles en lo que ellos pidieran; de lo contrario tendría que abandonar el territorio, pues lo iban a detener como “sospechoso por estar en esa vereda”. Abelardo les respondió que los miembros de la Comunidad de Paz no pueden colaborar con ningún actor armado y que esa vereda es su vereda y allí está su vivienda y por lo tanto él tiene que estar allí, como integrante de la Comunidad de Paz que es. Los militares le dijeron entonces que no podía denunciar lo ocurrido. Luego le robaron varias gallinas.
Estos hechos revelan la impotencia ante los poderes de muerte incrustados profundamente en el Estado y muestra cómo los victimarios actúan a sus anchas, no obstante todos nuestros clamores ante el Presidente Santos, ante los órganos de justicia, ante la Defensoría del Pueblo. Todos se han vuelto “ciegos” y “sordos” ante la barbarie que nos destruye. La fuerza moral de mucha gente en el mundo que nos acompaña con la solidaridad inquebrantable de su espíritu, nos anima a seguir haciendo de nuestros principios, sostenidos entre baños de sangre, una brizna de esperanza en una humanidad con dignidad.
COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSE DE APARTADÓ
JUNIO 21 DE 2011
2011-06-14
2011 Jun 01 / Atrato: Desaparición de MARCIAL ANGULO
Desaparici
Fuente informativa: "Comisión Intereclesial de Justicia y Paz”
La RED DE SOLIDARIDAD CON COLOMBIA “CAPICÚA”, compuesta por diversas organizaciones del Estado español cuyos nombres figuran al final del presente escrito, deseamos manifestar que:
Ante la desaparición de MARCIAL ANGULO luego de embestida de panga rápida en el río Atrato, apoyamos y suscribimos totalmente el texto enviado por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz de Colombia, que a continuación transcribimos: “Solicitud de intervención inmediata para hallar a MARCIAL ANGULO, desaparecido luego de embestida de panga rápida en el río Atrato.
Debido a la situación accidental o dolosa presentada el pasado miércoles 1 de junio en horas de la noche sobre el río Atrato en el caserío de Bocas de Atrato, estamos solicitando en conformidad con el artículo 23 de la Constitución Nacional y sus obligaciones en materia de reacción inmediata e investigación frente a situaciones accidentales en lo fluvial como la abajo descrita su pronta respuesta.
Fundamentos fácticos
*Miércoles 1 de junio hacia las 8:30 p.m., cuando estaba arribando al caserío de Bocas del Atrato, la embarcación chalupa de la organización de afrodescendientes de Cacarica, CAVIDA, fue embestida por una panga con motores de alta potencia de color blanco y azul.
Con el impacto, una mujer cayó y el conductor de la embarcación comunitaria, MARCIAL ÁNGULO recibió un golpe directo de la panga que lo arrojo a más de 4 metros cayendo a las aguas del río Atrato. La mujer logró ser rescatada y MARCIAL ANGULO permanece desaparecido.
En la embarcación de CAVIDA se transportaban 30 personas y varias toneladas de maíz.
En la panga de acuerdo con testigos, se encontraban 4 personas, dos mujeres y dos hombres, y esta emprendió la huida ignorando el llamado de auxilio de los miembros de CAVIDA.
Hasta la fecha las autoridades no han dado razón de la identificación de los responsables a pesar de la denuncia interpuesta ante la Inspección Fluvial del municipio de Turbo.
La búsqueda adelantada por miembros de la comunidad y el representante del Consejo Mayor de la Cuenca del Cacarica, ha resultado infructuosa.
* Jueves 2 de Junio Hacia las 8:40 la oficina de la Vicepresidencia de la República informó que la brigada 17 conoció de la desaparición de MARCIAL en el Atrato, y que unidades militares estaban en Bocas del Atrato. Hasta el momento se desconoce si se realizó acción alguna de búsqueda por parte de la infantería de Marina.
Solicitamos respetuosamente se nos informe y se actúe en conformidad con su responsabilidad para lograr conocer el paradero de MARCIAL ÁNGULO.
1.¿Desde el conocimiento de la situación en que cayó al río Atrato MARCIAL ÁNGULO, qué actuaciones y qué entidades han realizado actuaciones y con qué resultados tendientes a encontrar a este integrante de CAVIDA?.
2.¿Qué actuaciones de rescate van a realizar a partir de este escrito?
3.¿Qué investigaciones tendientes a esclarecer y sancionar las eventuales responsabilidades individuales se han realizado?
4.¿En el registro de Guardacostas qué embarcaciones aparecen saliendo e ingresando a Turbo entre el 1 y 2 de junio de 2011?
5. ¿Todas las pangas fueron registradas? Sí o no? Y por qué?
En espera de su pronta respuesta,
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz”
Atentamente,
RED DE SOLIDARIDAD CON COLOMBIA “CAPICÚA”
(Colectivo Sur-Cacarica, Entrepueblos-Madrid, Ecologistas en Acción, Asociación de Solidaridad con Colombia “Katío”, Asociación Guadauca, Comité Oscar Romero de Madrid y Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Mérida y Comarca)
2011-06-13
¿QUIÉN ERA ANA FABRICIA CÓRDOBA CABRERA?
http://youtu.be/aNQ16rpOhAk
http://www.youtube.com/watch?v=C_taBBUGm-M&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=C_taBBUGm-M&feature=related
http://
2011-04-30
2011 abril 26 / Paramilitares aseguran que no se irán de Curvaradó
CONSTANCIA 26042011
http://justiciaypazcolombia.com/Paramilitares-aseguran-que-no-se,4303
Martes 26 de abril de 2011
Paramilitares aseguran que no se irán de Curvaradó
http://justiciaypazcolombia.com/Paramilitares-aseguran-que-no-se,4303
Martes 26 de abril de 2011
2011-04-15
Comunidades en resistencia
COLOMBIA : ANA MARÍA LOZANO RIVEROS, DE LA COMISIÓN INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ
Once años conviviendo con las comunidades de resistencia
RICARDO FERRER Espinosa
JUEVES 16 DE ABRIL DE 2009.
NÚMERO 100 HTTP://WWW.DIAGONALPERIODICO.NET
Con su morral al hombro, Ana María Lozano pasa sus días recorriendo comunidades indígenas que, cercanas a la frontera con Panamá, viven acosadas por los actores armados del conflicto colombiano.
EN MADRID. Junto a dos compañeros de Justicia y Paz, Ana María Lozano acaba de concluir una gira por el Estado español / Foto:
Sonia Beltrán de Guevara (Asoc-Katio)
Ana María Lozano Riveros es pedagoga y defensora de los derechos humanos en Colombia, un país cafetero, pero con la democracia más descafeinada del mundo.
Su labor en las comunidades rurales es en extremo difícil: la ‘democracia’ colombiana carece de justicia real, no existe distribución de la riqueza y ninguna autoridad garantiza ni la vida ni la seguridad de los pobladores, sobre todo si se trata de indígenas, campesinos, afrodescendientes o líderes comunitarios.
Para cumplir su tarea, Ana María Lozano convive con las poblaciones que resisten, que afirman sus derechos. Monitorizando el acompañamiento que realizan sus compañeros en 13 regiones de intenso conflicto armado, Lozano frecuenta las zonas humanitarias y las zonas de biodiversidad del Bajo Atrato y el Urabá antioqueño. Esta mujer todoterreno, vinculada a la Comisión de Justicia y Paz desde hace once años, recorre comunidades que se encuentran en la frontera con Panamá con su morral a cuestas.
Las zonas humanitarias se crearon por primera vez en 2001 en Cacarica, territorio afrocolombiano, como mecanismo de autoprotección, para evitar el desplazamiento forzado y la consumación de crímenes, en particular de militares y paramilitares.
Allí, al lado de sus compañeras y compañeros, que pasan 365 días del año al lado de las familias en estos espacios de protección, cruza territorios que están siendo disputados militarmente entre escuadrones de la muerte del Ejército y la guerrilla, pero que están siendo apropiados por empresarios palmeros, bananeros, ganaderos, extractores forestales y mineros, protegidos militarmente por las fuerzas estatales y paraestatales. Esto ha implicado amenazas y presiones diarias, entre ellas falsas acusaciones judiciales contra ella y contra todos sus compañeros de la organización.
Las comunidades de resistencia en Colombia tienen claro que su lucha es de largo plazo. Buscan una transformación de la realidad en una democracia real, y eso significa la defensa incondicional de los derechos humanos.
Cuatro millones de desplazados [abril de 2009]
Los desplazados en Colombia alcanzan la cifra de cuatro millones según ACNUR, siendo el segundo país del mundo en número de personas desplazadas. Ante esa realidad, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz ha optado por acompañar el regreso de estas comunidades a los territorios y desarrollar junto con ellas todos sus potenciales para sobrevivir con dignidad en medio del conflicto armado, protegiendo los territorios ante la voracidad y barbarie empresarial, que no duda en usar las armas y un derecho tergiversado para legalizar el despojo.
Datos recientes confirman que en los últimos doce años Colombia ha parido 30.000 desaparecidos. Algunos son de estas tierras donde hoy, quienes transitan en la memoria de tantas vidas humanas segadas proyectan microdemocracias locales, modelos de economía sostenible, modos de dignificación ante la imposibilidad de una democracia que respete los derechos humanos.
Los habitantes resistentes se han dotado de unas normas de convivencia y han firmado compromisos colectivos entre los que destaca la negativa a participar en la guerra: no dan apoyo a ningún actor armado, pero afirman su derecho a la justicia. Las empresas mineras quieren explotar las riquezas del subsuelo, simulando una consulta a los habitantes que ocupan ancestralmente el territorio de manera legítima y colectiva, con la aceptación de las autoridades de Colombia, que validan el mecanismo fraudulento como verdadero. A esa pretensión, afrocolombianos e indígenas de Curvarado y Murindo se oponen a través de actos democráticos, participativos y populares.
La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz acompaña procesos de resistencia similares en diferentes poblaciones de los departamentos El Meta, Putumayo y Cauca, en pleno corazón del Plan Colombia en su fase II, y en El Valle. Allí continúan observando y denunciando lo que se quiere negar, la existencia del paramilitarismo, los intereses del capital que destruye la vida de miles de seres humanos y ecosistemas. Allí está la vida cotidiana de Ana María Lozano. Acompañando la dignificación de los pueblos.
Allí se encuentra su opción personal y la de su organización, que mantiene la lucha por los derechos humanos.
2011-04-12
"Nos matan y no es noticia", citas página 114 / Peralta
"Nos matan y no es noticia" / Fuentes y citas de la página 114
Investigaciones de
Jaime Andrés PERALTA
- Canal Interoceánico: ¿Gigante de hormigón o megaproyecto de vida? 1999.
- Climas cálidos, hombres degenerados y espíritus corrompidos. La ilustración frente a la diversidad cultural de la Nueva Granada. Medellín, mimeo. 1998.
- Selva, riqueza y barbarie; el chocó imaginado por la colonización antioqueña. Apuntes para una historia cultural de las relaciones interétnicas en el noroccidente colombiano (1830-1930). En: Revista Utopía Siglo XXI. Universidad de Antioquia, Medellín. Volumen 1, No. 3, enero- junio de 1998.
2011-04-10
2011 Abr 09 / Chiquita se benefició de pagos a paramilitares
Autor : Jim Lobe y Aprille Muscara
Medio : Web IPS Fuentes :
- National Security Archive (NSA, archivo de seguridad nacional),
- Michael Evans, jefe de investigaciones del NSA sobre temas de Colombia
- Agencia IPS, cuestionarios enviados a los entes judiciales
- Gimena Sánchez, experta en asuntos colombianos en la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos
Título : Chiquita se benefició de pagos a paramilitares
Fecha de publicación : 9 de abril de 2011
Materia : Colombia, Derechos Humanos
Colección / Serie : Colombia.
Zona geográfica : Colombia, zonas bananeras.
Fecha de los hechos : 1996 - 2010
Entidades y personas mencionadas: Chiquita, Departamento de Justicia de Estados Unidos,
Título : Chiquita se benefició de pagos a paramilitares
Fecha de publicación : 9 de abril de 2011
Materia : Colombia, Derechos Humanos
Colección / Serie : Colombia.
Zona geográfica : Colombia, zonas bananeras.
Fecha de los hechos : 1996 - 2010
Entidades y personas mencionadas: Chiquita, Departamento de Justicia de Estados Unidos,
COLOMBIA
Chiquita se benefició de pagos a paramilitares
Por Jim Lobe y Aprille Muscara
WASHINGTON, 9 abr (IPS) - Aunque Chiquita Brands International sostiene que los pagos que efectuó a paramilitares colombianos durante más de una década fueron resultado de extorsiones, documentos de la empresa confirman que esas transacciones representaron beneficios para el gigante bananero.
Esos documentos se dieron a conocer el jueves por el National Security Archive (NSA, archivo de seguridad nacional), una organización independiente que se dedica a desclasificar documentos apelando a la Ley de Libertad de Información y a investigar y compilar sus contenidos.
Los documentos plantean dudas sobre los hechos que dieron pie al "acuerdo declaratorio" de 2007 entre Chiquita y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, bajo el cual la compañía fue multada con 25 millones de dólares por pagar a las ultraderechistas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), organización que en 2001 fue catalogada como terrorista por el Departamento de Estado (cancillería).
En el marco de ese acuerdo, que selló una investigación de cuatro años, los fiscales aceptaron el argumento de la empresa de que los pagos a los paramilitares de las AUC –un paraguas de grupos ilegales conformado en los años 90 por Carlos Castaño--, equivalían a dinero por "protección" y que Chiquita nunca recibió servicios reales a cambio de esos fondos.
Pero algunos de los documentos divulgados por el NSA contradicen esa fundamentación. Por ejemplo se detalla el manejo de lo que la empresa llamó "pagos delicados" a partir de 1990, cuando entregaba dinero a orgnizaciones guerrilleras de izquierda activas en la noroccidental región colombiana de Urabá, y hasta 2003, cuando una presentación de PowerPoint obtenida por el NSA expone opciones de cómo disimular pagos inadecuados.
Un memorando de marzo de 2000, por ejemplo, registra una conversación entre el abogado de Chiquita, Robert Thomas --autor de ese documento-- y gerentes de Banadex, subsidiaria colombiana de la empresa.
Allí, Banadex señala que paramilitares apostados en la norteña localidad colombiana de Santa Marta crearon una cooperativa de fachada para ocultar "el propósito real de brindar seguridad" a las operaciones locales de esa subsidiaria.
Thomas cita a un participante cuyo nombre fue eliminado del documento, diciendo: "Deberíamos continuar haciendo los pagos. No podemos obtener el mismo grado de apoyo de los militares".
"El aparente ‘quid pro quo’ (intercambio) de Chiquita con las guerrillas y los paramilitares responsables de incontables matanzas se oculta en el acuerdo de 2007 entre la compañía y el Departamento de Justicia", dijo a IPS Michael Evans, jefe de investigaciones del NSA sobre temas de Colombia.
"Lo que todavía no sabemos es por qué los fiscales de Estados Unidos pasaron por alto lo que parece una clara evidencia de que Chiquita se benefició de estas transacciones", agregó.
El Departamento de Justicia no devolvió las llamadas sobre el caso. Ed Loyd, portavoz de la empresa, insistió en que "Chiquita efectuó pagos únicamente por un temor fundado" a que sus empleados fueran objeto de represalias si se negaba a hacerlos, y defendió el acuerdo.
"El Departamento de Justicia, que (…) está a cargo de analizar objetivamente los hechos, evaluó TODOS estos documentos en una investigación exhaustiva que duró casi cuatro años", escribió en un correo electrónico enviado a IPS.
Loyd señaló que "NO encontró evidencias de que Chiquita compartiera ninguno de los objetivos criminales de las organizaciones terroristas a las que fue obligada a efectuar pagos".
La divulgación del documento se produjo el mismo día que una reunión entre el presidente colombiano Juan Manuel Santos y su par estadounidense, Barack Obama, para finalizar un "Plan de Acción sobre Derechos Laborales" en Colombia, que intenta remover los obstáculos para que el Congreso legislativo de Estados Unidos apruebe el Acuerdo de Libre Comercio que desde hace tiempo está pendiente entre ambos países.
Ese tratado, negociado en el gobierno de George W. Bush (2001-2009), está estancado precisamente por las denuncias de de continuas violaciones de derechos humanos contra sindicalistas en el país sudamericano.
Solamente en los últimos tres años fueron asesinados casi 150 sindicalistas, según la Escuela Nacional Sindical, principal entidad de defensa de los derechos laborales en Colombia.
"Es importante que la gente sepa que hacer negocios en Colombia tiene un costo que va más allá de los simples pagos extorsivos, o como se los quiera llamar, y que pueden contarse por la cantidad de personas asesinadas por esas organizaciones armadas ilegales", dijo Evans.
Las AUC fueron presuntamente desmanteladas mediante un acuerdo secreto con el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), pero organizaciones sucesoras y bandas delictivas continúan dominando grandes sectores del país.
"Es muy preocupante que Estados Unidos esté avanzando en un Acuerdo de Libre Comercio con Colombia sin abordar el pleno desmantelamiento de los grupos paramilitares colombianos", dijo a IPS Gimena Sánchez, experta en asuntos colombianos en la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos.
"Nos preocupa la proliferación de casos similares al de Chiquita", continuó.
"Actualmente, 23 empresarios dedicados a la palma aceitera en la (norteña) región del Chocó están procesados por sus tratos con paramilitares y desplazamientos forzados" de campesinos, agregó.
A los críticos del acuerdo comercial Washington-Bogotá también les preocupa una historia de complicidad entre policías, militares, jueces y otros funcionarios colombianos con estas organizaciones armadas ilegales.
De hecho, los documentos del NSA sugieren que las fuerzas de seguridad del Estado alentaron y facilitaron los pagos de Chiquita a las AUC, e incluso fueron receptoras de tales fondos.
Aunque a comienzos de los años 90 la mayoría de los pagos fueron destinados a organizaciones guerrilleras, un memorando de agosto de 1993 señala que la compañía subsidiaria en la noroccidental localidad de Turbó había empezado a canalizar pagos por seguridad al ejército colombiano, a través de una "asociación bananera" conocida como "Agura", a un precio de tres centavos por caja de bananas embarcada.
Los documentos indican que para 1998 la empresa había empezado a pagar a las AUC mediante las legales cooperativas Convivir que promovía el entonces gobernador del noroccidental departamento de Antioquia, el más tarde presidente Uribe.
Un memorando de 1997 también indica que las Convivir operaban "bajo supervisión militar", con "oficinas en las bases militares", y que "su única función" era "brindar información sobre movimientos de la guerrilla".
Otro memorando redactado en 2000 por Thomas describe una reunión de 1997 en la que Carlos Castaño sugirió por primera vez a los gerentes de Banadex que apoyaran un nuevo Convivir, llamado La Tagua del Darién.
Según el memorando, los funcionarios de Banadex dijeron no tener más opción que asistir a la reunión, porque "negarse hubiera significado enfrentarse a las fuerzas armadas de Colombia, a funcionarios de gobiernos estaduales y a las Autodefensas".
Los documentos difundidos esta semana son más de 5.500 páginas de memorandos internos de Chiquita obtenidos por el NSA a través del Departamento de Justicia, en el marco de la Ley de Libertad de Información.
También es probable que los usen los demandantes en un proceso de la justicia civil que se lleva a cabo en Washington contra Chiquita en nombre de decenas de colombianos asesinados por paramilitares de derecha, particularmente las AUC.
"Ellos refuerzan el argumento de que la empresa era cómplice y sabía, y por lo tanto era responsable de las atrocidades cometidas por las AUC en Urabá mientras figuraba en la nómina de pagos de Chiquita", dijo Arturo Carrillo, director de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Universidad George Washington, que representa a los demandantes en uno de los casos. (FIN/2011)
2011-04-06
2011 Abr 05 / Contra la extradición de Leyla Ordoñez
Miércoles 6 de abril de 2011, 19:30 H
Plaza Tirso de Molina, 8,
Madrid
CAUM
2011 Ab 05 / Remiten a la Fiscalía investigación contra Álvaro Uribe por contrato con una 'Convivir'
Remiten a la Fiscalía investigación contra Álvaro Uribe por contrato con una 'Convivir'
Caracol | Abril 5 de 2011
La comisión de Acusación de la Cámara remitirá a la Fiscalía General un proceso penal contra el expresidente Álvaro Uribe por la firma irregular de un contrato con una cooperativa Convivircuando fue gobernador de Antioquia en 1997.
El expediente no se movió durante los ocho años en que Uribe fue Presidente, pero ahora el representante investigador, Camilo Andrés Abril, pedirá a la comisión que el proceso pase a la Fiscalía porque los hechos de los cuales se le acusa ocurrieron antes de ser jefe de Estado.
El contrato fue hecho por el gobernador Uribe en agosto de 1997 con la empresa llamada Grupo de Operaciones Técnicas y tenía por objeto la vigilancia por parte de 15 hombres en turnos de tres horas para impedir el ingreso de cigarrillos y licores de contrabando en los municipios de Santa Fe de Antioquia, La Pintada y Caucasia, por valor de 27 millones de pesos mensuales.
El 30 de octubre de ese año, la Secretaría General de la misma gobernación de Antioquia certificó que la empresa contratada por Uribe no cumplía los requisitos legales exigidos para el contrato, pero aún así, el Gobernador lo prorrogó por un año más.
En el proceso penal que inexplicablemente no tuvo actuación alguna en la Comisión de Acusación, se expresa que dos agentes de inteligencia de la IV Brigada del Ejército, identificados con los códigos 2515 y 2523 certificaron que los miembros de la cooperativa contratista tenían antecedentes por homicidio, robo, suplantación de autoridad y asalto a mano armada.
El representante Abril se negó a dar declaraciones a la prensa y se limitó a expresar que espera que la Comisión acepte su pedido de regresar a la Fiscalía el proceso por tratarse de hechos anteriores al ejercicio presidencial de Uribe.
2011-03-27
2011 Mar / Capturado Wilson Chaverra: otro cómplice de Uribe.
Marzo de 2011
Capturado Wilson Chaverra: otro cómplice de Uribe.
Se le procesará por narcotráfico, pero se omite que fue uno de los mandos de los escuadrones de la muerte durante las masacres del río Atrato y Urabá, en el año 1997.
Su extradición a los Estados Unidos, otro paso más para encubrir los crímenes de Álvaro Uribe Vélez.
Datos para análisis:
- - - - - - - - - - - - - Ficha de la información relacionada - - - - - - - - - - - - -
Autores: Redacción de Verdad Abierta (resumen de agencias), Policía Antinarcóticos, DEA...
Medios: Verdad Abierta, El universal, cm&,
Fuentes:
Ø Policía Antinarcóticos de Colombia.
Ø DEA.
Ø Corte Federal del Distrito Sur de La Florida, en Estados Unidos.
Ø Confesión de William Manuel Soto Salcedo, alias ‘don Rafa’, ex paramilitar del Bloque Elmer Cárdenas.
Ø Confesión de Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, ex comandante del Bloque Elmer Cárdenas.
Ø Informe de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el año 2002.
Ø Denuncia número 18.690, del 13 de junio de 1997, presentada ante la fiscal Cristina Bustos Gómez, en Medellín, Colombia.
Enlaces de prensa:
- Verdad Abierta: Ver el enlace o la noticia completa al final de este texto.
- El Universal:
- Enlaces del libro:
http://www.localcambalache.
http://www.pachakuti.org/
http://www.pachakuti.org/
- Noticiero CM&
http://www.cmi.com.co/?nt=
Título: Ex alcalde de Vigía del Fuerte, de paramilitar a ‘extraditable’.
Fecha de publicación: 2011/3/25
Materia: Derechos Humanos, Colombia,
Colección / Serie : Dossier Atrato.
Zona geográfica: Colombia, Antioquia, Chocó, río Atrato,
Fecha de los hechos: 1996 – 2011.
Entidades y personas mencionadas:
Wilson Antonio Chaverra González, [ex alcalde del municipio de Vigía del Fuerte].
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Se confirman los datos centrales del libro "Nos matan y no es noticia", pero...
Wilson Chaverra será juzgado por narcotráfico,
no por sus crímenes de Lesa Humanidad.
Por: Ricardo Ferrer Espinosa
La justicia colombiana centra la acusación contra Wilson Chaverra en los delitos relacionados con el narcotráfico. Es necesario recordar a los jueces y fiscales, que desde 1996, siendo alcalde de Vigía del Fuerte, Chaverra patrocinó la agresión de los escuadrones de la muerte contra la población civil en la zona del medio Atrato.
Lo que podemos ratificar los testigos, fue la estrecha relación que Chaverra mantuvo con Álvaro Uribe Vélez, especialmente durante las masacres en Antioquia y Chocó, de las cuales documenté una parte de las cometidas en el año 1997.
Con datos ordenados en la mano, presenté la denuncia ante la fiscal Cristina Bustos Gómez, en Medellín. A la denuncia se le asignó el radicado número 18.690, del 13 de junio de 1997.
Han pasado 14 años y no existe sanción para los agresores de campesinos, indígenas y afrodescendientes. Esta impunidad fue señalada públicamente por la ONU, el 23 de marzo de 2011.
Luego de presentar la denuncia, debí salir de Colombia, por amenazas. He cumplido ya 13 años de exilio.
Por contraste, Uribe Vélez, gracias a la inexistencia de la justicia en Colombia, pudo llegar a la presidencia.
Igualmente, en el caso de Wilson Chaverra, ¡hasta esta semana nunca había sido judicializado !
Hoy, 26 de marzo de 2011, ratifico todo lo denunciado en 1997:
“Si mi denuncia hubiera tenido curso adecuado, debieran haber respondido, por acción u omisión, el presidente Ernesto Samper, los comandantes de las Brigadas del Ejército con jurisdicción sobre el río Atrato, los gobernadores de Antioquia y Chocó, los comandantes de policía de Antioquia y El Chocó, los alcaldes de Vigía del Fuerte y Murindó, los personeros y las autoridades con responsabilidad de velar por los derechos de la población civil. En síntesis, debía responder el Estado colombiano. Los gobiernos posteriores de Andrés Pastrana Arango y Álvaro Uribe Vélez continuaron la omisión criminal en el deber de proteger a la población civil del río Atrato”.
Como periodista, testigo y sobreviviente, me ratifico públicamente en la denuncia contra el Ejército de Colombia y las Autodefensas Unidas de Colombia.
Es necesario descubrir todos los hechos y cuantificar el daño que hicieron Wilson Chaverra y Álvaro Uribe contra la población civil de Antioquia y Chocó.
Pese a todas las evidencias en contra de Wilson Chaverra, (antes de ser capturado por narcotráfico), el paramilitar estaba haciendo campaña para la Alcaldía de Vigía del Fuerte, en las próximas elecciones de octubre de 2011.
Esa es la situación de la "justicia" colombiana.
La confesión reciente de los mando paramilitares confirma algo que ya relaté en el libro* (hechos del 30 de mayo de 1997), que el alcalde Wilson Chaverra fue quién envió al sicario a intimidarme. y sobre todo a preguntarme por qué estaba allí, en Vigía del Fuerte, si desde la gobernación de Antioquia o la Dirección Seccional de Salud no les habían avisado de mi llegada al municipio. En 1997, el gobernador de Antioquia era Álvaro Uribe Vélez.
Anexo: La primera denuncia, que presenté con firma y número de radicado.
Ver enlaces del blog y archivo jpg.
http://nosmatanynoesnoticia.
Posteriormente, con más datos, me ratifiqué en toda la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, el 3 de julio de 1997.
Ver enlaces del blog y archivo jpg.
http://nosmatanynoesnoticia.
21 de julio de 1997. Ratifiqué y amplié mi declaración ante la Dirección Regional de Fiscalía en Medellín.33 En esta nueva diligencia observé que la fiscal no había leído el expediente inicial ni estaba al tanto del tema. Hubo especial dificultad para intentar la descripción del hombre que me había amenazado en el hotel de Vigía del Fuerte. Aún cuando estaba dispuesto a colaborar para levantar un retrato hablado del sicario, esta diligencia no se hizo. Quedaron puntos pendientes, pero esa unidad de la Fiscalía nunca me volvió a llamar.
Página 33:
La Fiscalía General de la Nación clasificó mi nueva declaración con el número de radicado 23.675.
La Fiscalía General de la Nación clasificó mi nueva declaración con el número de radicado 23.675.
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Oficina en Colombia del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos
Informe de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre su Misión de Observación en el Medio Atrato
20 de Mayo de 2002:
Testimonio de la Diócesis de Quibdó
Los paramilitares se establecieron en los cascos urbanos,14 en donde requisaron y amenazaron a la población, mientras las FARC-EP permanecieron en el área rural15. La población de Bellavista solicitó a los paramilitares que se retiraran del casco urbano, como en su momento lo hicieran con la guerrilla, con el objetivo de mantener a la población civil alejada del conflicto...
Entre los días 21 y 30 de abril arribaron a Vigía del Fuerte varias avionetas, una de ellas identificada con la sigla AUC. En ellas se movilizaban integrantes y jefes del grupo paramilitar, algunos de los cuales fueron reconocidos por la población local debido a su presencia en el municipio en años anteriores, como el señor Wilson Chaverra, ex Alcalde de Vigía del Fuerte (1995-1997), el comandante paramilitar de Quibdó alias “el brujo” y el comandante de las ACCU y miembro del estado mayor de las AUC, alias “el alemán”.
Recapitulando:
La entrega en extradición de Wilson Chaverra será otro hecho más en la impunidad que caracteriza a la justicia colombiana. Coincido plenamente con la opinión dada por abogados a los redactores de Verdad Abierta:
“Vuelve y juega el mismo concepto: las autoridades colombianas privilegian la extradición para que responda por cargos de narcotráfico, cuando aquí en el país debería responder primero por delitos de lesa humanidad”, conceptuó uno de los juristas consultados”.
Ricardo Ferrer Espinosa.
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Para descargar el libro completo "Nos matan y no es noticia", active:
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Esta es la noticia en la web Verdad Abierta:
Noticias
Jueves, 24 de Marzo de 2011 23:51
Ex paramilitares postulados a los beneficios de Justicia y Paz relacionaron al exfuncionario con el Bloque Élmer Cárdenas. No obstante, no fue vinculado a proceso penal alguno y estaba preparando su campaña las elecciones de octubre próximo.
Wilson Antonio Chaverra González, ex alcalde del municipio de Vigía del Fuerte capturado durante una redada realizada por la Policía Antinarcóticos y la DEA, pasó de ser un jefe paramilitar en la década de los noventa a un narcotraficante con fines de extradición.
La detención del ex funcionario, quien ocupó ese cargo entre los años 1995 y 1997, se produjo durante una operación antinarcóticos llamada Alianza 18, realizada en las ciudades de Bogotá, Bucaramanga y Cartagena entre la noche del pasado miércoles y el amanecer del jueves, con el fin de desvertebrar una organización que se había constituido para exportar cocaína a los mercados de Estados Unidos.
Junto al exalcalde Chaverra González fueron capturados su esposa Margarita López Mora, así como Álvaro Enrique Murillo Martínez, alias ‘Compadre’, y Máximo Ramírez Valdés. Los cuatro detenidos son solicitados por una Corte Federal del Distrito Sur de La Florida, en Estados Unidos.
Las autoridades determinaron que este grupo le compraba la droga a Maximiliano Bonilla Orozco, alias ‘Valenciano’, al parecer el líder de la banda criminal emergente conocida como ‘Los Paisas’, y la camuflaba en embarques de ganado y madera.
El ex alcalde Chaverra González fue señalado por oficiales de la Policía Antinarcóticos como el jefe de la organización de narcotraficantes y estaba al frente de la administración de los contactos internacionales en Honduras y Estados Unidos para la recepción del alucinógeno.
Pero este ex funcionario no sólo era un narcotraficante. Sus actividades del pasado lo vinculan con grupos paramilitares que operaron en el Atrato medio antioqueño y su nombre no ha pasado desapercibido. Varios postulados que integraron el Bloque Élmer Cárdenas de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) y que actualmente están rindiendo versión libre ante fiscales de la Unidad de Justicia y Paz lo han descrito como un miembro más de esa estructura paramilitar no sólo cuando se desempeñó como alcalde de esa población del Atrato medio antioqueño, sino tiempo después, como ex alcalde.
Uno de los primeros en hacer alusión al ex mandatario local fue William Manuel Soto Salcedo, alias ‘don Rafa’, ex paramilitar del Bloque Élmer Cárdenas, quien tuvo a su cargo un grupo de 30 hombres apostados en los alrededores de Vigía del Fuerte en 1997.
Uno de los primeros en hacer alusión al ex mandatario local fue William Manuel Soto Salcedo, alias ‘don Rafa’, ex paramilitar del Bloque Élmer Cárdenas, quien tuvo a su cargo un grupo de 30 hombres apostados en los alrededores de Vigía del Fuerte en 1997.
Según Soto Salcedo, estando en esa localidad se le acercó el alcalde Chaverra González y le dijo: “comandante, yo quiero que lo que ustedes necesiten mándemelo a decir por intermedio de los muchachos que están en el casco urbano”. Ante la sorpresa del paramilitar por la complacencia del mandatario local, el funcionario agregó: “Yo soy el directamente responsable de que en Vigía del Fuerte haya un grupo de 30 hombres”.
Este ex paramilitar narró que en una ocasión fue enviado por su comandante superior a la ciudad de Medellín con el fin de adquirir víveres para las tropas paramilitares acantonadas en Vigía del Fuerte. Antes de salir de esta localidad hacia la capital antioqueña le explicaron que tenía que ir a la Central Mayorista de Antioquia, que ahí se encontraría con gente de confianza del Bloque Élmer Cárdenas: “Nos encontramos en la Mayorista. Al verlos, vi que eran Wilson Chaverra, ex alcalde del Vigía del Fuerte, y su hermano Wilton”.
Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, ex comandante del Bloque Élmer Cárdenas, también ha hecho referencia al ex funcionario ante los fiscales de la Unidad de Justicia y Paz. Según este ex paramilitar, “el alcalde de Vigía del Fuerte, el señor Wilson Chaverra, era nuestra alma financiera en esta zona del Atrato”. El apoyo lo daba unas veces en recursos y otras veces en especie para las tropas. “Se dio ese apoyo entre dos años a dos años y medio que estuvimos en la zona”.
Pero no sólo ex paramilitares han señalado en sus versiones libres a este ex alcalde. También lo hizo la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el año 2002.
El nombre de Wilson Chaverra González aparece en un informe fechado el 20 de mayo de ese año, que da cuenta de una misión de observación al Atrato Medio luego de ocurrida la masacre de Bojayá, Chocó, donde murieron por lo menos 119 personas, entre hombres, mujeres, niños y ancianos, dentro de una iglesia tras caer allí una pipeta lanzada por la guerrilla de las FARC durante un cruento enfrentamiento con paramilitares de las AUC.
El documento, que recoge información de los pobladores de esta subregión de Antioquia, destaca que “entre los días 21 y 30 de abril (de 2002) arribaron a Vigía del Fuerte varias avionetas, una de ellas identificada con la sigla AUC. En ellas se movilizaban integrantes y jefes del grupo paramilitar, algunos de los cuales fueron reconocidos por la población local debido a su presencia en ese municipio en años anteriores, como el señor Wilson Chaverra, ex alcalde de Vigía del Fuerte”.
Abogados que pidieron la reserva del nombre llamaron la atención sobre la situación de Chaverra González, pues según ellos se evidencian algunas inconsistencias por parte de la justicia para procesarlo por delitos relacionados con grupos paramilitares.
“De un lado, no fue requerido por sus nexos con el Bloque Élmer Cárdenas; de otro, y pese a los señalamientos, tampoco se entiende cómo estaba haciendo campaña electoral para la Alcaldía de Vigía del Fuerte e iba a participar en las próximas elecciones de octubre”, describió uno de los juristas que conoce el caso.
Datos recopilados de manera parcial por organizaciones defensoras de derechos humanos en Medellín establecen que por los menos 50 personas fueron desaparecidas de manera forzada por comandos de las ACCU en 1997 en Vigía del Fuerte desde el 22 de mayo de ese año, cuando arribó un comando de por lo menos 100 paramilitares a esa localidad y anunciaron que a partir de ese día quedaban bajo su control. El día de su llegada, asesinaron a por lo menos 22 personas y desaparecieron a 17 labriegos y a un educador.
Datos recopilados de manera parcial por organizaciones defensoras de derechos humanos en Medellín establecen que por los menos 50 personas fueron desaparecidas de manera forzada por comandos de las ACCU en 1997 en Vigía del Fuerte desde el 22 de mayo de ese año, cuando arribó un comando de por lo menos 100 paramilitares a esa localidad y anunciaron que a partir de ese día quedaban bajo su control. El día de su llegada, asesinaron a por lo menos 22 personas y desaparecieron a 17 labriegos y a un educador.
Otro abogado advirtió que con la orden de extradición que hay en contra del ex funcionario, se repite nuevamente lo vivido en mayo del 2008, cuando fueron extraditados a Estados Unidos, por orden del entonces Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, 14 jefes de las AUC para que respondieran por delitos asociados al tráfico de drogas.
“Vuelve y juega el mismo concepto: las autoridades colombianas privilegian la extradición para que responda por cargos de narcotráfico, cuando aquí en el país debería responder primero por delitos de lesa humanidad”, conceptuó uno de los juristas consultados.
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Denuncias adicionales:
Emisora: Radioaktiva
Radio Vallekas
Entrevista en la web rebelión: "Colombia, la vena más abierta de América Latina"
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