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2011-10-29

Masacre anunciada: 300 fusiles con destino a los paramilitares ingresaron a Curvaradó

Más de 300 fusiles con destino a los paramilitares ingresaron a 
Curvaradó en un camión que atravesó por el caserío de Pavarandó donde se 
encuentra un retén policial. De acuerdo con la información recibida con 
este armamento se pretende reforzar las operaciones de control 
territorial con la dotación a jóvenes que vienen siendo reclutados en 
diversos municipios del eje bananero.

Los paramilitares desde abril pasado ingresaron a Jiguamiandó en cuyos 
limite vienen implementando la siembra de coca e instalaron laboratorios 
de cocaína, que ha salido en medio de 4 retenes policiales y militares. 
Un número aproximado de 300 paramilitares se movilizan desde esa fecha 
entre Pavarandó , Belén de Bajirá y Curvaradó y otros 200 se mantienen 
en Jiguamiandó

En esta misma estrategia de control han amenazado de muerte en Llano 
Rico a jóvenes que consumen algún tipo de droga y han militarizado entre 
Pavarandó (Resguardo Indígena) y Apartadocito (Territorio Colectivo) 
donde también se han sembrado decenas de hectáreas con coca por parte de 
los paramilitares

Igualmente en el territorio comunitario de Camelias, en Curvaradó, 
continúa la ocupación ilegal de predios en los que se instaló una Zona 
de Biodiversidad, los invasores destruyeron siembras de pan coger.

Continúa la operación paramilitar en los territorios colectivos de 
Jiguamiandó y Curvaradó, sin que se hayan adoptado medidas eficaces de 
prevención de daños irreparables a la población afromestizas e indígena.

Bogotá, D.C. Octubre 26 de 2011

COMISIÓN INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ

2011-10-26

Octubre de 2011, Cacarica: ¿Otra masacre anunciada en Colombia?

Octubre de 2011, Cacarica: 
¿Otra masacre anunciada en Colombia?

El territorio se llama Cacarica, se extiende sobre 100.000 hectáreas y está poblado por 21comunidades afrocolombianas y 4 resguardos indígenas. Está cubierto por selva primaria y tiene un ecosistema único en el mundo (muchas plantas y especias animales son endémicas, es decir solo existen en esta parte del planeta).

Este territorio aviva muchas codicias porque esta geoestratégico (por allí uno tiene que pasar para ir de América del norte a América del sur, y una banda de tierra muy estrecha hace el límite entre los mares de Caribe y del Pacifico) y allí se encuentran muchos recursos naturales (minerales, petróleo, tierra muy fértil, madera de precio, …).

Cronología muy breve

1996: bloqueo alimentario y amenazas a los campesinos afrocolombianos y los indigenas del territorio de Cacarica

1997, del 25 al 27 de febrero: Operación “Genesis”. Operación militar y paramilitar que provocó desplazamientos masivos. 

Se estima de 3000 à 5000 personas los desplazados del Cacarica. Se cometieron muchas violaciones de los derechos humanos. En el territorio de Cacarica, 84 hombres fueron asesinados, entre otros el caso muy cruel de Marino López.

El territorio está bajo la jurisdicción militar de la brigada XVII (todavía eta bajo la jurisdicción de la misma). El general Rito Alejo del Rio era el jefe de la brigada. Era un gran amigo de Uribe, quien era entonces gobernador del departamento de Antioquia y (...) después presidente de Colombia (del 2002 al 2010).

Hace dos años, acciones judiciales iniciadas por ONGs de Derechos Humanos permitieron la detención del general Rito Alejo del Rio. El único motivo en su contra que fue retenido por la justicia fue lo del asesinato de Marino López. El juicio se está dando.

1997-2001: algunos campesinos de Cacarica desplazados en Turbo, donde viven en condiciones infra-humanas, deciden fundar la organización CAVIDA (Comunidades de Autodeterminación, Vida y Dignidad). 

Deciden volver a su territorio y constituir Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad, cuyo príncipio básico es el rechazo de colaborar con un actor armado, cualquier sea (legal o ilegal), y la interdicción para todos los actores armados de ingresar en su territorio de vida.

Están acompañados en este proceso por varias ONGs de defensa de los Derechos Humanos, especialmente la ONG colombiana Comisión Interecclesial de Justicia y Paz. Estas zonas fueron reconocidas por la Corte Interamericana de derechos Humanos, institución que depende de la Organización de los Estados Americanos.

2011: retorno a su territorio, concretización de las Zonas Humanitarias simbolizadas por una “malla de vida”, un alambre que marca en el espacio su zona de vida.

2001-2010: presiones y amenazas varias por parte del Estado colombiano y de los paramilitares.

2010: Uribe, en este entonces Presidente de Colombia, retoma un proyecto viejo llamado la “Panamericana” y rebautizado “Transversal de las Américas”. 


Se trata de construir un ramo de carretera de 108 km para juntar una carretera que ya exista y que va de Colombia hasta el sur de América del sur con otra carretera que ya exista y va de Panamá al norte de América del norte.

Este tramo de carretera pasaría por territorios de selva primaria poblados con afrocolombianos y indigenas, entre otros el territorio de Cacarica.

Sin hacer caso de las leyes internacionales y nacionales que dictan la obligación de consultar las minorías étnicas al nombre del derecho a la autodeterminación de los pueblos, las otras están atribuidas por Uribe a la empresa de Willian Velez Sierra, gran industrial sobre el cual pesan graves
presunciones de colaboración con los paramilitares.

2010-2011 : el juicio del general Rito Alejo del Rio se está dando.

Marzo 2011: las comunidades de Cacarica ponen un queja en contra del ministerio de los transportes y del Inco, la institución del estado responsable de la administración de los territorios, por no haber sido consultadas en cuanto al proyecto de la Transversal de las Américas.

Septiembre 2011: CAVIDA publica un comunicado (ver abajo) para denunciar la presencia de los paramilitares y la información que recibieron según la cual ellos les van a desplazar antes del fin del año.

Octubre 2011: CAVIDA publica un comunicado (ver abajo): los paramilitares han instalado un bloqueo alimentario, lo que puede tener como resultado, en esta región en la cual las tasas de malnutrición y desnutrición son las más altas del país, muertes por falta de comida. 


La única via de acceso a Cacarica es el rio, así que el control es muy fácil. Las comunidades denunciaron la situación a los militares de la brigada XVII, responsable de esta jurisdicción; no pasó nada.

Fin del 2011: masacres y desplazamientos masivos de la población del Cacarica???

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Comunicado de octubre

Cacarica, Control paramilitar y amenazas paramilitares

Se cumplen 10 días desde que paramilitares que operan en el puerto de Turbo en Antioquia y el municipio de Riosucio ordenaron a transportadores fluviales abstenerse de ingresar alimentos a los pobladores afrocolombianos e indígenas de Cacarica.

Los paramilitares señalaron que quien quiera ingresar alimentos debe presentarse personalmente en Turbo y no se acepta el ingreso de alimentos por encargo.

Igualmente a los transportadores les están vacunando exigiendo que se entreguen entre 40 y 60 galones de gasolina para poder movilizarse por el rio Atrato entre Turbo y Cacarica. Anunciaron que ingresaran a los territorios colectivos de Cacarica por que la población esta con la guerrilla y ellos deben asegurar el desarrollo y el progreso.

Paramilitares han retenido a integrantes de los consejos comunitarios asociados en CAVIDA sobre el rio Atrato, donde les han intimidado y amenazado, hace pocos días.

La propuesta de organización CAVIDA para la protección de la vida y el territorio, que constituyeron Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad desde el 2001, luego de una incursión armada realizada con el consentimiento de la brigada 17, se encuentra como blanco de las nuevas amenazas

Sobre el rio Atrato en los puntos de Tumarado, La Honda, Trevesia, los paramilitares instalaron puestos de control de la población que se moviliza por el Atrato e igualmente revisan el ingreso de bienes de supervivencia (alimentos), y los retienen, señalaron algunos afrocolombianos.

Mientras las fuerzas militares argumentan que hay control sobre el rio Atrato a través del batallón fluvial, los paramilitares estan haciendo y deshaciendo, como se explica, se pregunto uno de loa afrocolombianos.

El anuncio de incursion a Cacarica y las amenazas de agresiones contra los que habitan las Zona Humanitarias, integrantes de los consejos comunitarios de Cacarica asociados en CAVIDA, con estas acciones son un presagio muy negativo, anoto una lideresa.

Como en 1996 antes de la operación “genesis”, estamos viviendo el mismo bloqueo y repitiendo la limitación en nuestro derechos, ahora justo, cuando estamos a la espera que la Corte Interamericana de Derecho Humanos aborde el caso del asesinato de Marino López y el desplazamiento por esta actuación de la Brigada 17.

Las actuaciones paramilitares están coincidiendo con la pretensión de la empresa privada del grupo de William Velez Sierra, de iniciar un proceso de consulta sobre la construcción de un tramo de la carretera panamericana que afectará étnico territorial y ambientalmente a Cacarica.

Bogotá, D.C 20 de octubre de 2011
COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ


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Comunicado de septiembre

Fuentes indican que paramilitares atacarían en nuestro territorios

Martes 13 de septiembre de 2011 
(ZONAS HUMANITARIAS NUEVA ESPERANZA EN DIOS Y NUEVA VIDA,
SEPTIEMBRE 11 DE 2011)

Queremos compartir al mundo nuestra preocupación por la información recibida de fuentes confiables sobre el desarrollo de una operación militar y paramilitar que se realizaría en nuestra cuenca antes de terminar el 2011.

La fuente afirma que alrededor de 100 paramilitares se estarían preparando en Carmen del Darién, otros en Turbo, Apartadó y Chigorodó, en estos tres últimos han ido reclutando jóvenes a los que pagan 800 mil pesos para incursionar en el territorio colectivo.

El objetivo de la operación es iniciar el control social y territorial en los caseríos Vijao Cacarica, El Llimón y la Zona Humanitaria Nueva Vida. Según la fuente, la operación cuenta con el apoyo del ejército que nos sigue concibiendo como sus enemigos por exigir el respeto a nuestros derechos.

La fuente de la información nos dice que algunos de los militares de la brigada 17 conocen de los propósitos.

Esta se acercó para informarnos que sabía que somos gente inocente, que nuestro delito para los militares y paramilitares, es denunciar sus atropellos y exigir el derecho a la Consulta y Consentimiento frente a todos los proyectos que se pretenden implementar en nuestro territorio.

Sabemos y el mundo sabe que nunca hubo desmovilización real paramilitar en Colombia, que hoy en gobierno colombiano los camufla de diferentes nombres Bacrim, Aguilas Negras, Rastrojos etc., y muchos hechos han demostrado que su estructura no ha cambiado, como no ha cambiado su alianza con las fuerzas
militares del Estado. 


En Turbo, en Riosucio, en Tumaradó están ellas y ellos a la vista del todo el mundo, conviven con autoridades, se les ve en conversaciones con integrantes de la Fuerza Pública, en que se diferencian del pasado, en que antes estaban ahí de camuflado y ahora están de civil, combinan armas cortas y guardan en escondrijos armas largas que las tienen al lado y que ahora quieren controlar los territorios para agronegocios,obras de infraestructura.

La información de hoy, nos trae a la memoria lo sucedido en el 1997 con “Operación Génesis” donde asesinaron a Marino López y luego 84 personas mas, generó el desplazamiento de más de 3800 personas de Cacarica y Salaquí en la operación ordenada por el General Rito Alejo del Río. Desplazamiento que se encuentra en impunidad.

Desde hace 14 años resistimos en medio del conflicto por la vida y la defensa del territorio y día a día construimos propuesta en la búsqueda de la verdad y la justicia, es por eso que llamamos al mundo a que nos acompañen cuando la situación tiende a agudizarse pues el interés por nuestro territorio por parte de los poderosos aún no termina.

Así como hemos condenado los asesinatos de civiles cometidos por la guerrilla de las FARC, hoy rechazamos las actuaciones de la fuerza pública que han causado graves infracciones al derecho humanitario y violaciones de derechos humanos.

Durante los últimos meses se han presentado sobrevuelos continuos de helicópteros y avionetas militares durante la noche y el día en las madrugadas, que pasan muy cerca sobre las Zonas Humanitarias y de los caseríos vecinos. 


Estos sobre vuelos han causado temor y pánico a la población, pues en meses pasados la fuerza pública realizó bombardeos y ametrallamientos donde murieron civiles en El Truandó, personas que no tienen que ver con el conflicto armado.

En los lugares de trabajo de los habitantes de las Zonas Humanitarias y en las Zonas de Biodiversidad han aparecido letreros que manifiestan lo siguiente. “guerrillero desmovilízate tu familia te espera”. Estas pintas son un falsa acusación, son un señalamiento con el cual se pretende estigmatizar, justificar las agresiones pues no son albergues de la guerrilla ni lo han sido son mecanismos de protección del territorio.

Miembros de la fuerza pública han ofrecido dinero a miembros de las zonas Humanitarias para que brinden información del paradero de la guerrilla pretendiendo desconocer nuestro proyecto de vida, pretendiendo involucrarnos en su guerra, que no es la nuestra, de ahí sus retaliaciones.

El pasado 24 de Agosto a las 8.00 pm. en la comunidad Quebrada Bonita donde trabajan integrantes de CAVIDA, se produjo un sobrevuelo con la avioneta exploradora, 10 vueltas continúas sobre la casa en que se albergan integrantes de los consejos comunitarios.

Confiamos en su solidaridad para evitar una incursión paramilitar en el territorio que afecte la vida e integridad de los afrocolombianos, indígenas y mestizos que habitamos en Cacarica.

Familias de consejos comunitarios de Cacarica, asociados en Comunidades Autodeterminación, Vida, Dignidad, CAVIDA

2011-08-30

Referencias sobre la familia Uribe Vélez / Clan de los 12 apóstoles

José Zepeda entrevista a Olga Behar
El clan de los 12 Apóstoles‟ es un libro escrito por la conocida periodista colombiana Olga Behar.

http://sites.rnw.nl/documento/olga-behar.pdf

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La verdad sobre el paramilitarismo 

del 'Clan de los 12 Apóstoles'


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Lo que dice 'El Clan de los 12 Apóstoles'

Viernes 29 Abril 2011

ENTREVISTAEl libro de Olga Behar recoge el testimonio del mayor de la policía Juan Carlos Meneses, quien acusó a Santiago Uribe de ser partícipe de la creación de los grupos paramilitares en Antioquia. Entrevista con su autora, por Radio Nederland.


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Libro ¨El clan de los 12 apóstoles¨implica a Santiago Uribe


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SANTIAGO URIBE HERMANO DE ALVARO URIBE DIRIGE GRUPO PARAMILITAR
http://youtu.be/sgNk3tQkCzM

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2011-08-05

3 de abril de 2000. Muerta fiscal en Medellin

 

Muerta fiscal en Medellin

M E D E L L I N

Lunes 3, [Abril de 2000] 12:15 horas. Esta mañana la fiscal Margarita María Pulgarín Trujillo se dirigía a su trabajo en el centro de la ciudad, cuando dos hombres en una moto le propinaron cuatro disparos que le produjeron la muerte.

Lunes 3, 12:15 horas. Esta mañana la fiscal Margarita María Pulgarín Trujillo se dirigía a su trabajo en el centro de la ciudad, cuando dos hombres en una moto le propinaron cuatro disparos que le produjeron la muerte. Su deceso se produjo en la calle 37 E No. 95 B 20, en el Barrio Santa Mónica, cerca a su casa cuando esperaba el transporte que debía recogerla.
La fiscal especializada tenía 34 años, era soltera e hija de Jaime Pulgarín y Olidia Trujillo. Aún no se conocen las causas de su homicidio

Entre tanto unidades antiexplosivos de la policía desactivaban una carga explosiva abandonada en una caja con jugos de azúcar, en una de las entradas del terminal de buses intermuinicipales del sur de la capital antioqueña.
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Fiscalia condena asesinato de Margarita Pulgarín
Caracol | Abril 3 de 2000



BOGOTA --- .El fiscal general de la Nación Alfonso Gómez Mendez condenó hoy energicamente el asesinato de la fiscal especializada Margarita María Pulgarín Trujillo ocurrido en Medellín.

Manifiesta el fiscal que la muerte de la funcionaria constituye una nueva expresión del crimein organizado que mediante esas acciones pretende, inutilmente amedrehentar a los servidores de la institución e indicó que no lograrán detener el proposito claro de la fiscalia de combatir todas las formas de delito.

Se estableció que la fiscal especializada asesinada adelantaba varias investigaciones por paramilitarismo.

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Antioquia se niega a creer que regresaron los sicarios

Caracol | Abril 3 de 2000

MEDELLÍN. ---- Estupor y repudió generalizado causó en diversos estamentos antioqueños el crimen de la joven fiscal, Margarita María Pulgarín Trujillo, cometido esta mañana por dos sicarios desde una motocicleta, cuando la jurista salía de su residencia, en el barrio Santa Mónica Número dos, occidente de Medellín.-

Las autoridades judiciales y de policía advirtieron que por el momento los investigadores carecen de pistas firmes sobre las causas y los asesinos de la abogada de 34 años, que trabaja desde hacía ocho años en la fiscalía de Medellín, y pertenecía a la Unidad de Terrorismo donde adelantaba procesos e investigaciones por narcotráfico y paramilitarismo.-

La fiscal Pulgarín Trujillo recibió cuatro impactos de revólver en que le provocaron su deceso cuando era trasladada a la Unidad Intermedia de San Javier, cerca al lugar de los hechos.-

Según sus familiares, la fiscal no había recibido amenazas contra su vida, y sus colegas Fiscales delegados ante los Jueces Penales de los circuitos de Medellín y Antioquia advirtieron que esta nueva muerte es una consecuencia de la eliminación de la Justicia sin Rostro.- Desde cuando fue levantada esa modalidad de justicia "hemos tenido que ser testigos y víctimas de la muerte de dos compañeros, el exilio forzado de siete, el retiro definitivo --también forzado de otros, y la muerte de cuatro fiscales Seccionales y 16 miembros del Cuerpo Técnico de Investigaciones, CTI", dijeron los fiscales.-

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La fiscal Margarita María Pulgarín Trujillo investigaba entre otras, las masacres del río Atrato, relacionadas en el libro "Nos matan y no es noticia"



2011-06-25

2011 JUNIO 21 / COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSE DE APARTADÓ

Que siga quedando memoria
del horror y del descaro

No podemos negar que, como cualquier ser humano, sentimos impotencia e indignación al registrar, semana tras semana, los hechos de muerte y los proyectos de exterminio que se afirman contra nuestra Comunidad de Paz, sin que nuestros justos clamores sean escuchados por ninguna autoridad, a pesar de que los paramilitares demuestran, cada vez con mayor audacia y descaro, que tienen el poder y que son respaldados y protegidos por todas las instituciones del Estado, unas coordinando con ellos las acciones más criminales; otras volviendo la cara para otro lado para no darse por enteradas de lo que ocurre.

Seguimos creyendo que lo mínimo que podemos hacer es  dejar constancia de toda esta barbarie, pues la humanidad no soporta por siempre lo que la destruye y llega a momentos de indignación universal en que enjuicia a quienes la hacen avergonzar de sí misma, construyendo instrumentos de justicia universal. Toda esta barbarie rompe el corazón y desgarra el alma de cualquiera que se identifique con la más elemental ética de la Vida.
Hoy registramos ante el país y el mundo estos nuevos horrores:
  • El jueves 16 de junio de 2011, hacia las 13:00 horas, en el sitio conocido como La Platanera, sobre la vía que de Apartadó conduce a San José, fue detenido por dos hombres armados que se identificaron como paramilitares el vehículo de servicio público que bajaba de San José a Apartadó y obligaron a descender del mismo a JORGE PESTANA BELLO y a JAVIER TORRES. Luego los hicieron entrar a la platanera y allí asesinaron a JORGE, a 100 metros del retén de la Policía. Luego subieron a JAVIER en un carro y lo llevaron a una vivienda rural en el municipio de Carepa, pasando por retenes del Ejército y de la Policía sin ser inspeccionados. En esa casa lo desnudaron y lo sometieron a diversas formas de tortura mientras lo interrogaban. Le preguntaban por un hermano suyo y por otras personas  a quienes tenían en una lista para matar. Permaneció desnudo y bajo torturas desde el 16 hasta el 19 de junio, cuando lo dejaron libre hacia las 15:00 horas, advirtiéndole que si abría la boca para denunciar lo ocurrido, lo matarían a él y a su familia. 

  • El domingo 19, hacia las 11:00 horas, un paramilitar en moto y armado llegó a la vereda Caracolí, donde hay un retén del Ejército, buscó a la familia de Javier y les comunicó que ellos, los paramilitares, tenían en su poder a Javier y para que le creyeran, los comunicó con él por celular, pues aún se hallaba en su poder. Les dijo que para salvar a Javier debían revelar el paradero de otras personas  que necesitaban; que, además, debían comunicarle a las personas que están en las listas de gente para asesinar, listas que ellos han leído públicamente en las últimas semanas, que pronto van a correr la misma suerte de Jorge Pestana, y que no los van a matar en Caracolí  con el fin de no involucrar al Ejército, sino en otros lugares. Luego el paramilitar se fue en su moto sin ser requisado en ningún puesto de control del Ejército ni de la Policía.

  • El lunes 20 de junio de 2011, hacia las 10:00 horas, tropas del Ejército ingresaron al asentamiento de la Comunidad de Paz en la vereda de La Resbalosa. Le dijeron a ABELARDO BERRÍO que tenía que venderles lo que ellos dijeran y colaborarles en lo que ellos pidieran; de lo contrario tendría que abandonar el territorio, pues lo iban a detener como “sospechoso por estar en esa vereda”. Abelardo les respondió que los miembros de la Comunidad de Paz no pueden colaborar con ningún actor armado y que esa vereda es su vereda y allí está su vivienda y por lo tanto él tiene que estar allí, como integrante de la Comunidad de Paz que es. Los militares le dijeron entonces que no podía denunciar lo ocurrido. Luego le robaron varias gallinas.
Estos hechos revelan la impotencia ante los poderes de muerte incrustados profundamente en el Estado y muestra cómo los victimarios actúan a sus anchas, no obstante todos nuestros clamores ante el Presidente Santos, ante los órganos de justicia, ante la Defensoría del Pueblo. Todos se han vuelto “ciegos” y “sordos” ante la barbarie que nos destruye. La fuerza moral de mucha gente en el mundo que nos acompaña con la solidaridad inquebrantable de su espíritu, nos anima a seguir haciendo de nuestros principios, sostenidos entre baños de sangre, una brizna de esperanza en una humanidad con dignidad.
COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSE DE APARTADÓ
JUNIO 21 DE 2011

2011-06-14

2011 Jun 01 / Atrato: Desaparición de MARCIAL ANGULO

Desaparición de MARCIAL ANGULO luego de embestida de panga rápida en el río Atrato



Fuente informativa: "Comisión Intereclesial de Justicia y Paz”

La RED DE SOLIDARIDAD CON COLOMBIA “CAPICÚA”, compuesta por diversas organizaciones del Estado español cuyos nombres figuran al final del presente escrito, deseamos manifestar que:
Ante la desaparición de MARCIAL ANGULO luego de embestida de panga rápida en el río Atrato, apoyamos y suscribimos totalmente el texto enviado por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz de Colombia, que a continuación transcribimos: 


“Solicitud de intervención inmediata para hallar a MARCIAL ANGULO, desaparecido luego de embestida de panga rápida en el río Atrato.


Debido a la situación accidental o dolosa presentada el pasado miércoles 1 de junio en horas de la noche sobre el río Atrato en el caserío de Bocas de Atrato, estamos solicitando en conformidad con el artículo 23 de la Constitución Nacional y sus obligaciones en materia de reacción inmediata e investigación frente a situaciones accidentales en lo fluvial como la abajo descrita su pronta respuesta.


Fundamentos fácticos


*Miércoles 1 de junio hacia las 8:30 p.m., cuando estaba arribando al caserío de Bocas del Atrato, la embarcación chalupa de la organización de afrodescendientes de Cacarica, CAVIDA, fue embestida por una panga con motores de alta potencia de color blanco y azul.
Con el impacto, una mujer cayó y el conductor de la embarcación comunitaria, MARCIAL ÁNGULO recibió un golpe directo de la panga que lo arrojo a más de 4 metros cayendo a las aguas del río Atrato. La mujer logró ser rescatada y MARCIAL ANGULO permanece desaparecido.


En la embarcación de CAVIDA se transportaban 30 personas y varias toneladas de maíz.


En la panga de acuerdo con testigos, se encontraban 4 personas, dos mujeres y dos hombres, y esta emprendió la huida ignorando el llamado de auxilio de los miembros de CAVIDA.


Hasta la fecha las autoridades no han dado razón de la identificación de los responsables a pesar de la denuncia interpuesta ante la Inspección Fluvial del municipio de Turbo.


La búsqueda adelantada por miembros de la comunidad y el representante del Consejo Mayor de la Cuenca del Cacarica, ha resultado infructuosa.


Jueves 2 de Junio Hacia las 8:40 la oficina de la Vicepresidencia de la República informó que la brigada 17 conoció de la desaparición de MARCIAL en el Atrato, y que unidades militares estaban en Bocas del Atrato. Hasta el momento se desconoce si se realizó acción alguna de búsqueda por parte de la infantería de Marina.


Solicitamos respetuosamente se nos informe y se actúe en conformidad con su responsabilidad para lograr conocer el paradero de MARCIAL ÁNGULO.


1.¿Desde el conocimiento de la situación en que cayó al río Atrato MARCIAL ÁNGULO, qué actuaciones y qué entidades han realizado actuaciones y con qué resultados tendientes a encontrar a este integrante de CAVIDA?.


2.¿Qué actuaciones de rescate van a realizar a partir de este escrito?


3.¿Qué investigaciones tendientes a esclarecer y sancionar las eventuales responsabilidades individuales se han realizado?


4.¿En el registro de Guardacostas qué embarcaciones aparecen saliendo e ingresando a Turbo entre el 1 y 2 de junio de 2011?


5. ¿Todas las pangas fueron registradas? Sí o no? Y por qué?


En espera de su pronta respuesta,


Comisión Intereclesial de Justicia y Paz”


Atentamente,


RED DE SOLIDARIDAD CON COLOMBIA “CAPICÚA”


(Colectivo Sur-Cacarica, Entrepueblos-Madrid, Ecologistas en Acción, Asociación de Solidaridad con Colombia “Katío”, Asociación Guadauca, Comité Oscar Romero de Madrid y Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Mérida y Comarca)

2011-04-10

2011 Abr 09 / Chiquita se benefició de pagos a paramilitares

Autor : Jim Lobe y Aprille Muscara 
Medio : Web IPS
Fuentes :
- National Security Archive (NSA, archivo de seguridad nacional),
- Michael Evans, jefe de investigaciones del NSA sobre temas de Colombia
- Agencia IPS, cuestionarios enviados a los entes judiciales

Gimena Sánchez, experta en asuntos colombianos en la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos
Título : Chiquita se benefició de pagos a paramilitares
Fecha de publicación : 9 de abril de 2011
Materia : Colombia, Derechos Humanos
Colección / Serie : Colombia.
Zona geográfica : Colombia, zonas bananeras.
Fecha de los hechos : 1996 - 2010
Entidades y personas mencionadas: Chiquita,
Departamento de Justicia de Estados Unidos, 

COLOMBIA
Chiquita se benefició de pagos a paramilitares


Por Jim Lobe y Aprille Muscara


WASHINGTON, 9 abr (IPS) - Aunque Chiquita Brands International sostiene que los pagos que efectuó a paramilitares colombianos durante más de una década fueron resultado de extorsiones, documentos de la empresa confirman que esas transacciones representaron beneficios para el gigante bananero.

Esos documentos se dieron a conocer el jueves por el National Security Archive (NSA, archivo de seguridad nacional), una organización independiente que se dedica a desclasificar documentos apelando a la Ley de Libertad de Información y a investigar y compilar sus contenidos. 


Los documentos plantean dudas sobre los hechos que dieron pie al "acuerdo declaratorio" de 2007 entre Chiquita y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, bajo el cual la compañía fue multada con 25 millones de dólares por pagar a las ultraderechistas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), organización que en 2001 fue catalogada como terrorista por el Departamento de Estado (cancillería). 

En el marco de ese acuerdo, que selló una investigación de cuatro años, los fiscales aceptaron el argumento de la empresa de que los pagos a los paramilitares de las AUC –un paraguas de grupos ilegales conformado en los años 90 por Carlos Castaño--, equivalían a dinero por "protección" y que Chiquita nunca recibió servicios reales a cambio de esos fondos. 

Pero algunos de los documentos divulgados por el NSA contradicen esa fundamentación. Por ejemplo se detalla el manejo de lo que la empresa llamó "pagos delicados" a partir de 1990, cuando entregaba dinero a orgnizaciones guerrilleras de izquierda activas en la noroccidental región colombiana de Urabá, y hasta 2003, cuando una presentación de PowerPoint obtenida por el NSA expone opciones de cómo disimular pagos inadecuados. 

Un memorando de marzo de 2000, por ejemplo, registra una conversación entre el abogado de Chiquita, Robert Thomas --autor de ese documento-- y gerentes de Banadex, subsidiaria colombiana de la empresa. 

Allí, Banadex señala que paramilitares apostados en la norteña localidad colombiana de Santa Marta crearon una cooperativa de fachada para ocultar "el propósito real de brindar seguridad" a las operaciones locales de esa subsidiaria. 

Thomas cita a un participante cuyo nombre fue eliminado del documento, diciendo: "Deberíamos continuar haciendo los pagos. No podemos obtener el mismo grado de apoyo de los militares". 

"El aparente ‘quid pro quo’ (intercambio) de Chiquita con las guerrillas y los paramilitares responsables de incontables matanzas se oculta en el acuerdo de 2007 entre la compañía y el Departamento de Justicia", dijo a IPS Michael Evans, jefe de investigaciones del NSA sobre temas de Colombia. 

"Lo que todavía no sabemos es por qué los fiscales de Estados Unidos pasaron por alto lo que parece una clara evidencia de que Chiquita se benefició de estas transacciones", agregó. 

El Departamento de Justicia no devolvió las llamadas sobre el caso. Ed Loyd, portavoz de la empresa, insistió en que "Chiquita efectuó pagos únicamente por un temor fundado" a que sus empleados fueran objeto de represalias si se negaba a hacerlos, y defendió el acuerdo. 

"El Departamento de Justicia, que (…) está a cargo de analizar objetivamente los hechos, evaluó TODOS estos documentos en una investigación exhaustiva que duró casi cuatro años", escribió en un correo electrónico enviado a IPS. 

Loyd señaló que "NO encontró evidencias de que Chiquita compartiera ninguno de los objetivos criminales de las organizaciones terroristas a las que fue obligada a efectuar pagos". 

La divulgación del documento se produjo el mismo día que una reunión entre el presidente colombiano Juan Manuel Santos y su par estadounidense, Barack Obama, para finalizar un "Plan de Acción sobre Derechos Laborales" en Colombia, que intenta remover los obstáculos para que el Congreso legislativo de Estados Unidos apruebe el Acuerdo de Libre Comercio que desde hace tiempo está pendiente entre ambos países. 

Ese tratado, negociado en el gobierno de George W. Bush (2001-2009), está estancado precisamente por las denuncias de de continuas violaciones de derechos humanos contra sindicalistas en el país sudamericano. 

Solamente en los últimos tres años fueron asesinados casi 150 sindicalistas, según la Escuela Nacional Sindical, principal entidad de defensa de los derechos laborales en Colombia. 

"Es importante que la gente sepa que hacer negocios en Colombia tiene un costo que va más allá de los simples pagos extorsivos, o como se los quiera llamar, y que pueden contarse por la cantidad de personas asesinadas por esas organizaciones armadas ilegales", dijo Evans. 

Las AUC fueron presuntamente desmanteladas mediante un acuerdo secreto con el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), pero organizaciones sucesoras y bandas delictivas continúan dominando grandes sectores del país. 

"Es muy preocupante que Estados Unidos esté avanzando en un Acuerdo de Libre Comercio con Colombia sin abordar el pleno desmantelamiento de los grupos paramilitares colombianos", dijo a IPS Gimena Sánchez, experta en asuntos colombianos en la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos. 

"Nos preocupa la proliferación de casos similares al de Chiquita", continuó. 

"Actualmente, 23 empresarios dedicados a la palma aceitera en la (norteña) región del Chocó están procesados por sus tratos con paramilitares y desplazamientos forzados" de campesinos, agregó. 

A los críticos del acuerdo comercial Washington-Bogotá también les preocupa una historia de complicidad entre policías, militares, jueces y otros funcionarios colombianos con estas organizaciones armadas ilegales. 

De hecho, los documentos del NSA sugieren que las fuerzas de seguridad del Estado alentaron y facilitaron los pagos de Chiquita a las AUC, e incluso fueron receptoras de tales fondos. 

Aunque a comienzos de los años 90 la mayoría de los pagos fueron destinados a organizaciones guerrilleras, un memorando de agosto de 1993 señala que la compañía subsidiaria en la noroccidental localidad de Turbó había empezado a canalizar pagos por seguridad al ejército colombiano, a través de una "asociación bananera" conocida como "Agura", a un precio de tres centavos por caja de bananas embarcada. 

Los documentos indican que para 1998 la empresa había empezado a pagar a las AUC mediante las legales cooperativas Convivir que promovía el entonces gobernador del noroccidental departamento de Antioquia, el más tarde presidente Uribe. 

Un memorando de 1997 también indica que las Convivir operaban "bajo supervisión militar", con "oficinas en las bases militares", y que "su única función" era "brindar información sobre movimientos de la guerrilla". 

Otro memorando redactado en 2000 por Thomas describe una reunión de 1997 en la que Carlos Castaño sugirió por primera vez a los gerentes de Banadex que apoyaran un nuevo Convivir, llamado La Tagua del Darién. 

Según el memorando, los funcionarios de Banadex dijeron no tener más opción que asistir a la reunión, porque "negarse hubiera significado enfrentarse a las fuerzas armadas de Colombia, a funcionarios de gobiernos estaduales y a las Autodefensas". 

Los documentos difundidos esta semana son más de 5.500 páginas de memorandos internos de Chiquita obtenidos por el NSA a través del Departamento de Justicia, en el marco de la Ley de Libertad de Información. 

También es probable que los usen los demandantes en un proceso de la justicia civil que se lleva a cabo en Washington contra Chiquita en nombre de decenas de colombianos asesinados por paramilitares de derecha, particularmente las AUC. 

"Ellos refuerzan el argumento de que la empresa era cómplice y sabía, y por lo tanto era responsable de las atrocidades cometidas por las AUC en Urabá mientras figuraba en la nómina de pagos de Chiquita", dijo Arturo Carrillo, director de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Universidad George Washington, que representa a los demandantes en uno de los casos. (FIN/2011)